Ya ha sido aprobado

El Plan VEA contará con 66,6 millones de euros

Antonio Moraleja
Antonio Moraleja
El Congreso de los Diputados ha aprobado la puesta en marcha del Plan VEA, que contará con un presupuesto de 66,6 millones de euros para fomentar la compra de vehículos impulsados por combustibles alternativos.


Hace unos meses ya adelantamos que el Gobierno estaba trabajando en un programa para fomentar la venta de coches impulsados por combustibles alternativos, pero también para instalar más redes de carga e impulsar la investigación en este ámbito de la movilidad. Ahora, el Pleno del Congreso de los Diputados le da forma a este proyecto con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que incluyen 66,6 millones de euros en concepto de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible.

Dentro de este presupuesto se incluye el denominado Plan VEA (Plan de Vehículos de Energías Alternativas) para impulsar la compra de vehículos clasificados como eficientes (etiquetas Cero Emisiones y ECO) por la DGT, es decir, eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, de pila de combustible de hidrógeno, de GLP y de GNC. Más en concreto, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) gestionará una partida de 50 millones para esto.

Aunque la cifra es bastante superior a los 16,6 millones de los que se habló en un principio, el sector del automóvil y de la movilidad eléctrica considera este presupuesto insuficiente. De hecho, los expertos prevén que este importe se agote en un par de días, dado que el presupuesto se sabe desde hace meses y los concesionarios ya han adelantado pedidos.

Plan VEA

16,6 millones para puntos de carga

Por otro lado, la cantidad restante servirá para subvencionar la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, impulsando así este tipo de infraestructuras, tanto públicas como privadas. Así los 16,6 millones de euros destinados a infraestructuras se repartirán así: 80.000 euros a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del sector público estatal; 80.000 euros a comunidades autónomas; 1,1 millones a entidades locales; 8,84 millones a empresas privadas, y 6,5 millones a familias e instituciones sin ánimo de lucro.

La partida presupuestaria destinada a infraestructuras no se agotará tan rápido como la destinada a la compra de vehículos eléctricos, ya que el parque móvil de este tipo de automóviles todavía sigue siendo residual.