A raiz de este estudio, el fiscal coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas, ha propuestos que aquellos padres que sean sancionados en más de tres ocasiones por no recurrir a estos sistemas para proteger a sus hijos, se sometan a examen por parte de la Fiscalía, pudiendo decidir en los casos más extremos que se les retire la tutela.
La Fiscalía también ha comenzado a estudiar la posibilidad de que, si se llevaba a menores en el vehículo, se agraven las penas por exceso de velocidad, consumo de alcohol, etc. Además, cualquier delito se imputaría a los padres del menor, pues son ellos los responsables de velar por su bienestar, independientemente de si estaban al volante.
Por último, la Fiscalía también ha sugerido que los sistemas de retención homologados sean obligatorios en taxis y autobuses.
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