Los patinetes eléctricos en el punto de mira de la DGT: necesitarán un certificado para poder circular

La electromovilidad crece a pasos agigantados día tras día. El uso de la tecnología eléctrica cobra aún mayor sentido en el núcleo de las grandes ciudades donde los vehículos de movilidad personal (VMP) son cada vez más populares entre los particulares. Es así como el uso de los patinetes eléctricos se ha disparado en los últimos años. Su tamaño compacto, facilidad de uso y precio contenido han convertido a estas monturas en algo habitual en nuestras calles.

Tal es su presencia en las ciudades que la administración se ha visto obligada a establecer una normativa que asegure una correcta convivencia con el resto de vehículos y peatones de la vía. En este sentido, la DGT se está planteando la posibilidad de introducir un nuevo certificado que acredite el uso y control de este medio de transporte. Este documento recogerá también las características del vehículo.

El motivo detrás de esta decisión es evitar que los usuarios lleven patinetes modificados que no cumplan con la normativa recogida en el Reglamento General de Circulación. Recordemos que en España estos vehículos no pueden superar los 25 km/h. Además, se podrá controlar el uso de accesorios no originales, como sillines o chasis manipulados, que pueden resultar peligrosos en caso de accidente.

De materializarse esta decisión, los agentes podrán pararnos y solicitar dicho certificado de circulación. De esta manera, también será posible identificar al usuario habilitado para conducir el patinete eléctrico. La expedición de este documento correrá a cargo de los fabricantes, que para poder vender en nuestro país sus productos deberán añadir esta licencia que demuestra que el patinete se ajusta a la normativa.

Por el momento, esta ley se encuentra en fase de desarrollo y no existe obligatoriedad de tener este certificado. Por lo tanto, los usuarios de este tipo de solución de movilidad pueden estar tranquilos, ya que su entrada en vigor no se producirá hasta la aprobación del Real Decreto. En concreto, podríamos estar hablando de que aún faltan dos años para su aplicación.