El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado Madrid Central, sin embargo, las sanciones para los conductores seguirán vigentes.
El criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM respecto a Madrid Central queda reflejado en tres fallos que ahora pueden ser recurridos ante el Tribunal Supremo. Los magistrados anulan por 'defectos formales', y a petición de la Comunidad de Madrid, la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el pleno del Ayuntamiento de la anterior legislatura por la omisión del trámite de información pública. Un requisito que se considera esencial, preceptivo e indispensable al tratarse de una de las principales manifestaciones del derecho que los ciudadanos españoles tienen a participar en los asuntos públicos.
La sala también estima parcialmente el recurso presentado por el Partido Popular y la empresa de reclamación de multas de tráfico DVuelta y considera que la ordenanza del gobierno municipal de la ex-alcaldesa Manuela Carmena carece de una justificada memoria económica para valorar con antelación la repercusión que los costes de su aprobación pueden representar para la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, sostenibilidad financiera y regla de gasto.
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La anulación parcial del acuerdo del Consistorio supone que, en el posible caso de que estas tres sentencias alcancen firmeza, todas las multas impuestas decaeran al carecer de sustento normativo. Recordemos que el área de bajas emisiones de Madrid Central comenzó a funcionar el 30 de noviembre de 2018, aunque las primeras sanciones no comenzaron a tramitarse hasta el 16 de marzo de 2019. Según los últimos datos conocidos se han impuesto más de 815.000 multas llegando a afectar hasta a 4.000 conductores al día. Si todas se abonaron con pronto pago, habrá supuesto unos ingresos de unos 36,6 millones de euros para las arcas municipales, aunque probablemente la cantidad sea superior.
No obstante, al no tratarse de un fallo firme (todavía se puede recurrir), el área restringida al tráfico continuará funcionando y multando hasta que no se resuelva la cuestión. Además, si la sentencia se convirtiera en firme, el centro de la capital abriría las puertas del tráfico a todos los vehículos sin ningún tipo de restricción.
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