Facua duda de la legalidad de las gasolineras ‘desatendidas’

Según Facua, la ausencia de personal en los servicios de abastecimiento de combustible provoca la imposibilidad de verificar que se surten las cantidades indicadas, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, además de suponer un riesgo grave para la seguridad.

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado un escrito al ministerio de Industria, Energía y Turismo en el que pide medidas contra la proliferación de las llamadas gasolineras low cost, aquellas que no cuentan con ningún tipo de personal que atienda a los consumidores en el servicio que ofrecen.

La asociación recuerda que la ausencia de medios humanos en este tipo de establecimientos vulnera los derechos y la seguridad de los consumidores recogidos en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre.

Más concretamente, Facua puntualiza que la ausencia de personal en las gasolineras low cost «provoca, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura.»

Protección a los discapacitados

En su escrito al ministerio, FACUA recuerda que las gasolineras desatendidas vulneran especialmente la protección a las personas con algún grado de discapacidad, tal y como se ratificó en el apartado primero del artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. En el se contempla que «todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad».

Por otro lado, la asociación denuncia que dicho modelo de negocio contraviene la normativa de tres comunidades autónomas, Andalucía, Navarra y Castilla La Mancha, ante cuyas autoridades de consumo se ha denunciado la vulneración de los derechos de los usuarios. FACUA tiene constancia de la existencia en Andalucía de, aproximadamente, 55 gasolineras de este tipo.