Casi cuatro meses después, el Ejecutivo ha decidido volver a la situación anterior, una decisión que no ha caído bien en todos los lados, como suele ocurrir en estos casos. El director general de Tráfico, Pere Navarro, considera que esta experiencia ha sido muy positiva, ya que ha demostrado que circulando más despacio se ahorra combustible, con un ahorro para las arcas del Estado de 450 millones de euros, como afirma el Gobierno, una cifra muy criticada por los expertos. ¿El motivo? Que gran parte de este ahorro se debe a la crisis y al elevado precio de los carburantes, ya que muchos conductores han decidido utilizar menos el coche para ahorrar en la factura.
Entre los que se alegran de la eliminación del límite se encuentra el Movimiento 140, una plataforma ciudadana que trabaja para conseguir que la velocidad máxima legal en España se eleve hasta los 140 km/h. Durante estos cuatro meses de vigencia de la norma, este movimiento ha recogido casi 50.000 firmas para expresar su desacuerdo, mientras que ya son más de 200.000 los que han dejado su firma a favor de los 140. Sus motivos son muy contundentes: aseguran que casi el 73% de las víctimas mortales pierde la vida en carreteras convencionales, que las distracciones triplican al exceso de velocidad como causa de accidente mortal y que la velocidad inadecuada está presente en menos del 10% de los accidentes en autopistas y autovías.
Los grupos ecologistas y las asociaciones de víctimas, sin embargo, no están de acuerdo con la vuelta a los 120 km/h. Para estos colectivos, la reducción de la velocidad máxima ha traído consigo un descenso en la siniestralidad y en la emisión de gases contaminantes. Según la asociación Stop Accidentes, la limitación a 110 ha supuesto «ahorro para los bolsillos de los conductores» y un «un ahorro de vidas humanas», así como «menos siniestralidad, menos accidentados graves y una importante disminución de los gastos asociados a los sistemas públicos de seguridad social que pagamos todos los españoles».
En términos similares se pronuncia la asociación de víctimas DIA. Su presidente, Francisco Canes, ha puesto especial atención en el descenso de accidentes y aboga por un -110 definitivo- para reducir el número de víctimas en la carretera. Sin embargo, se muestra bastante escéptico a la hora de valorar el impacto ambiental o energético de la norma, ya que esta medida -sólo afectaba al 1% del tráfico-. «Lo que realmente hace falta es reducir un 10% la velocidad máxima en todas las vías. Eso sí que generaría más fluidez en las carreteras, menos contaminación y más ahorro», ha concluido Canes.
Los ecologistas, por su parte, sí han puesto la atención en la reducción del consumo y de la contaminación. Para Greenpeace, el Gobierno no ha tenido la -suficiente valentía- para mantener la limitación, a pesar de que ha demostrado su eficiencia. Para su responsable de la campaña de Transporte en España, Sara Pizzinato, «éste es un mal momento para revocar una decisión a la que la población ya se había acostumbrado y que consiguió ahorrar en gasto público y privado». Por este motivo, la asociación ecologista va a solicitar que se vuelva a los 110 ya que, insiste Pizzinato, «si no se actúa de forma contundente para reducir el consumo de petróleo, no se reducirán las emisiones que provocan el temido cambio climático».
Ecologistas en Acción ve una clara «incoherencia» en la decisión del Ejecutivo, que valora la medida como muy positiva, pero termina por eliminarla. Gracias a los buenos datos de ahorro y siniestralidad, el Gobierno ha puesto en marcha una campaña de sensibilización de reducción voluntaria de la velocidad, aunque para Ecologistas en Acción esto no es suficiente, ya que «lamentablemente está demostrado que lo único que funciona son las limitaciones estrictas».
Así las cosas, los 110 km/h nos dejan sin saber bien muy bien por qué vino hace cuatro meses y por qué se va ahora si todas las valoraciones son tan positivas.
