Durante esa primera fase, el peaje sólo funcionaba en las autovías Norte Litoral, Oporto y Costa da Prata, pero a lo largo de este año la cobertura ha llegado a otras carreteras de Interior Norte, Beira Litoral y Alta, Beira Interior y el Algarve. Precisamente el peaje del Algarve -al sur de Portugal- es uno de los que más problemas está causando al Ejecutivo portugués. Desde el 8 de diciembre, utilizar la autovía A-22 ya no es gratis, una medida que no ha caído bien ni entre nuestros vecinos ni en los españoles que utilizan esta carretera de manera frecuente. Y es que ir de Ayamonte a Faro -ida y vuelta- tiene un coste de 10 euros, mientras que acudir a las playas de Portimao, un destino turístico muy utilizado por los ciudadanos del occidente andaluz, cuesta 20,10 euros. A esto hay que sumar el precio del dispositivo electrónico -27 euros- y que la recarga mínima es de 50 euros -100 euros para vehículos pesados-.
Por este motivo, algunos pórticos de reciente instalación están siendo saboteados a la altura de algunos municipios lusos. En los últimos días, muchos de ellos han sido víctimas de actos vandálicos, e incluso un funcionario de la empresa que gestiona esta autovía fue herido por un disparo de escopeta cuando acudió a un pórtico que estaba ardiendo. Ante esta situación, el Gobierno de Portugal ha decidido desplegar a miembros de la Guardia Nacional Republicana, en concreto militares de élite de la Unidad de Intervención, que vigilarán durante las 24 horas el tramo más conflictivo de la red.
Por parejas, vigilarán una decena de pórticos en un tramo de 130 km declarado como de mayor riesgo. El punto más conflictivo se sitúa a la altura del municipio de Boliqueime, a 70 kilómetros de la frontera con España, donde varias cámaras han sido destrozadas a tiros. Este mismo fin de semana, una caja de comunicaciones con los cables de fibra óptica que envían la información de los cobros ha sido incendiada a dos kilómetros de esta misma localidad.
