A mediados del pasado mes de octubre, la Comunidad de Madrid impuso a Comuto Iberia, filial española de Blablacar, una multa de unos 8.800 euros debido a que consideró que la empresa francesa no disponía de las autorizaciones y títulos necesarios para ejercer su actividad. Asimismo, dos usuarios de la aplicación también fueron multados. Días más tarde, Comuto Iberia contraatacó y denunció a la Comunidad de Madrid para defender su postura y ahora acaba de hacer lo propio con España ante la Comisión Europea. Y es que desde Blablacar se consideran ilícitas las prácticas administrativas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid.
Así las cosas, Blablacar basa su defensa en que no se trata de una empresa de transporte -desde la Comunidad de Madrid se le acusa de no poseer ni la autorización ni el título para realizar la actividad de transporte público de viajeros- y cree que las acusaciones lanzadas desde la Comunidad de Madrid vulneran su derecho a la libre prestación de servicios y su libertad de establecimiento dentro de la Unión Europea. Por ello, solicita a la Comisión Europea que tome las medidas necesarias para que la Comunidad de Madrid «continúe con esas prácticas, y a su vez requiera al Estado español que clarifique la legislación aplicable a su actividad».
Además, hay que tener en cuenta que tanto los usuarios de la aplicación de Blablacar como la propia empresa no pueden obtener una autorización que no se ajusta a su actividad -y que tampoco se le requiere en ningún otro territorio de la Unión Europea-. También alega que se sancionó a los dos usuarios de Blablacar sin un fundamento legal aplicable y sin explicar el cálculo que derivó en la multa -la Comunidad de Madrid defiende que ante un cobro mayor a 19 céntimos de euro por km hay ánimo de lucro-. Por último, denuncia que los procedimientos llevados a cabo por la Comunidad de Madrid producen un grave daño a la reputación de la empresa y siembra dudas sobre la legalidad de su actividad.
