El ejercicio 2025 se vislumbra como uno de los más trascendentales para la movilidad en España. Tras varios años de planes de ayuda, restricciones crecientes en las zonas urbanas y un evidente giro hacia la electrificación, la industria del automóvil y la sociedad en general se enfrentan a un momento de inflexión. La presión para reducir la huella de carbono y la dependencia de los combustibles fósiles coincide con el desembarco definitivo de nuevos modelos y tecnologías, dando lugar a un escenario lleno de incógnitas —y también de oportunidades— para conductores, fabricantes y administraciones.
No obstante, este contexto prometedor no está exento de retos. Aunque los incentivos oficiales han crecido en número y cuantía, muchos de ellos se han ido renovando “in extremis” y sin cambios de calado, generando dudas sobre su eficacia y continuidad a largo plazo. Al mismo tiempo, el marco normativo de la Unión Europea avanza con paso firme para establecer límites de emisiones cada vez más estrictos, lo que está forzando a las marcas a replantear por completo sus gamas y estrategias de mercado.
En las siguientes líneas, repasamos siete hitos que, de cumplirse, marcarán la pauta en materia de movilidad y automoción a lo largo de 2025. Este repaso crítico pretende ofrecer una visión amplia de los avances y las contradicciones que se vislumbran, así como de los cambios que experimentará el sector en el corto y medio plazo.
Plan MOVES III hasta junio de 2025
La reciente ampliación del Plan MOVES III hasta junio de 2025, de la mano del Gobierno y el IDAE, mantiene de nuevo con vida un esquema de incentivos que, si bien ha permitido la compra de numerosos vehículos eléctricos, sigue arrastrando las mismas limitaciones de siempre. En lugar de plantear un sustituto más ambicioso que acelere la transición hacia la electromovilidad, se ha optado por prorrogar un plan que muchos consideran mejorable por su complejidad burocrática y la lentitud en la tramitación de las ayudas.
Esta prórroga “in extremis” tranquiliza a quienes estaban pendientes de comprarse un turismo o una furgoneta eléctrica, pues prolonga la ventana de subvenciones y facilita que las marcas ofrezcan sus modelos con un atractivo añadido. Sin embargo, la gestión descentralizada por comunidades autónomas provoca demoras considerables, y no son pocos los beneficiarios que denuncian que pasan varios meses —incluso años— hasta recibir el importe prometido.
Prórroga de los descuentos al transporte público
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente una nueva prórroga de los descuentos al transporte público, otorgando al menos un año más de vida a una medida que ha aliviado el bolsillo de miles de usuarios y ha promovido un uso masivo de trenes de cercanías, media distancia y redes de autobuses.
Este respaldo económico, que en algunos casos llega a subvenciones del 50 % o incluso la gratuidad en viajes específicos, pretende sentar las bases para una movilidad menos dependiente del vehículo privado.
Cumplimiento de la Directiva CAFE y el objetivo de 93 g/km de CO₂
En 2025, la exigencia promedio de 93 g/km de CO₂ para toda la flota de turismos vendidos por cada fabricante se convertirá en un auténtico examen para la industria del automóvil. La Directiva CAFE (Corporate Average Fuel Economy) impone sanciones multimillonarias a quienes superen ese umbral, lo que obliga a las marcas a acelerar su transición hacia versiones electrificadas, híbridos enchufables y motores cada vez más eficientes.
Este imperativo ecológico derivado de la normativa europea se ha traducido en una explosión de nuevos lanzamientos 100 % eléctricos en los últimos años. Para el mercado español, la conjunción de estos modelos con los planes de ayuda públicos y la creciente conciencia medioambiental de los consumidores puede suponer un punto de inflexión, siempre y cuando las infraestructuras de recarga crezcan al mismo ritmo que la oferta de vehículos.
En paralelo, la aplicación de la Directiva CAFE está provocando la paulatina desaparición de motores de altas cilindradas y configuraciones menos eficientes, una tendencia que se intensificará en 2025. El gran interrogante es si las marcas serán capaces de rebajar aún más los precios de los vehículos eléctricos y de ofrecer plazos de entrega razonables, aspectos que hasta ahora han generado incertidumbre y frenado la adopción masiva de este tipo de coches.
Aprobación definitiva de la normativa Euro 7
La normativa Euro 7, en proceso de debate avanzado en el seno de la Unión Europea, apunta a ser uno de los grandes terremotos regulatorios de la próxima década. En 2025 podría ver finalmente la luz, estableciendo límites draconianos no solo para las emisiones de NOx y partículas finas, sino también para la contaminación generada por frenos y neumáticos. Esta ampliación del foco, más allá del tubo de escape, marca un hito en la historia de los estándares de homologación europeos.
La consecuencia directa es que el desarrollo de nuevos motores de combustión interna, diésel o gasolina, se encarecerá, afectando al precio de venta final y reduciendo aún más la competitividad de estas mecánicas frente a las alternativas electrificadas. Los fabricantes, además, deberán garantizar que los sistemas de postratamiento de emisiones funcionen de forma eficaz a lo largo de toda la vida útil del coche, lo que promete más fiabilidad pero también costos de mantenimiento potencialmente superiores.
Unidos a las sanciones de la Directiva CAFE, estos requisitos de la Euro 7 podrían sellar el destino de los motores térmicos tradicionales. En cualquier caso, la normativa todavía suscita un fuerte debate entre las administraciones y las marcas, por lo que su articulado final será determinante para el calendario y el modo en que se aplique en toda la Unión Europea.
Implantación definitiva de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con una ZBE. Aunque muchas urbes ya han desarrollado planes preliminares, no todas han logrado un despliegue pleno. Para 2025, se espera que estas áreas de acceso restringido estén no solo operativas, sino también endurecidas en cuanto a los requisitos de etiqueta y horario de circulación.
La lógica de estas ZBE consiste en expulsar del centro de las ciudades los vehículos sin etiqueta ambiental, dificultar el uso de los diésel antiguos y fomentar la compra de modelos ECO y CERO. Ello impacta de lleno en el mercado de ocasión, dando lugar a una devaluación de los automóviles más contaminantes y ofreciendo un panorama de cambios profundos en los hábitos de movilidad.
Prórroga de la desgravación en el IRPF para vehículos eléctricos
Además de las ayudas que proporciona el Plan MOVES III, el Gobierno mantiene en 2025 la desgravación en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y, según la última prórroga, también para la instalación de puntos de recarga. Se habla de un 15 % como porcentaje máximo de deducción, lo que puede suponer un alivio interesante para quien decida dar el salto a la electromovilidad.
Imaginemos el caso de un contribuyente con una base imponible de 30.000 euros anuales que adquiere un vehículo eléctrico por 30.000 euros. Gracias a esta deducción del 15 %, reduciría su cuota en 4.500 euros, lo cual es un ahorro nada desdeñable. Ahora bien, hay que tener presente que la subvención del MOVES se considera una ganancia patrimonial, por lo que quien reciba, por ejemplo, 4.000 euros de ayuda, deberá declararlos e incluirlos en su IRPF, asumiendo la correspondiente tributación. En conjunto, la desgravación puede compensar parcialmente ese aumento en la base imponible y equilibrar las cuentas del contribuyente.
La clave para el éxito de estas ayudas radica en que el usuario conozca todos los pasos del proceso: calcular correctamente la deducción en su declaración, informar de la subvención del MOVES y aprovechar el resultado final de la renta. De este modo, la combinación de ambas ventajas fiscales —ayuda directa y deducción— puede ayudar a que la compra de un coche eléctrico resulte más asequible a pesar del desembolso inicial.
Entrada en vigor de la nueva regulación de baterías de la Unión Europea
La regulación de baterías aprobada en 2023 por la UE comenzará a aplicarse de manera efectiva en 2025, marcando un antes y un después en la transparencia y sostenibilidad de la cadena de valor. Desde la extracción de materias primas hasta el reciclaje de las celdas al final de su vida útil, las marcas estarán obligadas a documentar cada paso y garantizar que se cumplan ciertos mínimos de contenido reciclado y bajas emisiones en el proceso productivo.
Este “pasaporte de la batería” reforzará el compromiso europeo con la economía circular y eliminará parte de la opacidad que ha rodeado tradicionalmente la fabricación de celdas de ion-litio, especialmente en lo relativo a la explotación de minerales como el cobalto o el litio. Sin embargo, también implicará costes adicionales para los fabricantes, que deberán adecuar sus instalaciones y procesos a las nuevas exigencias de trazabilidad.
En teoría, este escenario debería fomentar la aparición de gigafactorías y plantas de reciclaje en territorio europeo, reduciendo la dependencia de proveedores asiáticos.
