Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, encargados de resolver los recursos que presentan los conductores ante una multa, aplican diferentes criterios de interpretación, lo que está poniendo en cuestión numerosos artículos de la normativa actual.
Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el mayor colectivo de defensa de los intereses de los conductores, y protagonista de las algunas de las victorias judiciales más importantes, afirman que se está creando una gran inseguridad jurídica, pues la imposibilidad de llevar estos recursos al Supremo, da total libertad y potestad final a los jueces para decidir sobre si la multa es o no válida.
La infracción más problemática es la referente a los ‘límites de velocidad’. La aplicación del margen de error en las multas realizadas por los radares ha motivado «cientos» de sentencias favorables a los conductores que deciden reclamar. En la mayoría de los casos no se consigue anular la sanción por completo, pero sí reducir su gravedad. Algo parecido ocurre con los denominados ‘semáforos-radar’, que también están siendo objeto de numerosas reclamaciones que en un tanto por ciento bastante elevado favorecen al conductor.
A esto hay que sumar los fallos en el sistema de comunicación Testra, lo que provocaun alto nivel de impago en las multas de tráfico. En total, en España existen 20 millones de multas a la espera de ser pagadas y ni siquiera los descuentos de hasta el 50% por pronto pago, ayudan.
Esta realidad que podría cambiar a partir del próximo mes de julio, cuando se ponen en marcha una serie de cambios jurídicos que, entre otras modificaciones, permitirá recurrir ante el Tribunal Supremo los fallos dictados en las salas de los Contencioso.
