Revertir la situación de Madrid Central podría salir bastante caro. Y es que la Unión Europea ya abrió un expediente sancionador contra España en 2017 por no cumplir con los objetivos de contaminación y emisiones. La puesta en marcha de Madrid Central paralizó el expediente y revertirlo podría suponer una multa astronómica por parte de Bruselas.
La derogación de Madrid Central, uno de los mantras con los que se presentaron a las elecciones a la alcaldía de la capital formaciones como el Partido Popular o Vox, podrían acarrear importantes sanciones a España. La puesta en marcha del Plan de Movilidad Sostenible de Madrid ha sido avalado y aprobado por la Unión Europea, por lo que, en el caso de revertir dicho plan sin tener uno alternativo, le podría salir bastante caro a las arcas españolas.
En 2017, Bruselas ya puso en marcha un expediente sancionador contra España por no cumplir los objetivos de emisiones en Madrid y Barcelona. El resultado de aquel primer aviso fue la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona en 2017 y la llegada de Madrid Central en 2018. De este modo, el organismo europeo paralizó el expediente, aunque dejó claro que seguiría de cerca la evolución de ambas medidas.
Tras los resultados de las elecciones a la alcaldía de la capital, el candidato del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, ya ha anunciado su intención de dar marcha atrás con Madrid Central y volver a las cuatro APR anteriores -Ópera, Cortes, Embajadores y Letras- si llega a la alcaldía.
Desde Ciudadanos, Begoña Villacís no se muestra a favor de una revisión total, mientras que Inés Sabanés, delegada en funciones de Medioambiente y Movilidad, afirmó que "Madrid Central está incluido en un plan obligatorio de acuerdo a las normativas europeas".
A través de un comunicado, Ecologistas en Acción ha cifrado las sanciones, en el caso de no cumplir con la normativa de emisiones en las ciudades de Madrid y Barcelona, en 200 millones de euros anuales.
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