La actual incertidumbre que existe alrededor del Gobierno de este país, con ninguno de los cuatro partidos principales -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos- con el suficiente apoyo para gobernar en solitario, se traslada al sector automovilístico. La buena senda conseguida con los sucesivos Planes PIVE -en 2015 se superó el millón de matriculaciones por primera vez desde el año 2008- podría verse truncada ya no solo por la duda de que esta ayuda sea renovada, sino porque en caso de existir, no se aprobará hasta que haya un nuevo Gobierno.
El próximo domingo 31 de julio es el día en el que termine esta dotación de 225 millones de euros, que rebaja en 1.500 euros la compra de un vehículo nuevo. Todo ello después de aprobarse a finales de 2015 -con cuyo término estaba planteada su conclusión- un Real Decreto que certificase su extensión hasta la fecha indicada aunque no se hubieran acabado los fondos. En cualquier caso, para el principio de esta semana restaban para su final 7 millones de euros, y la media diaria de gasto es de 1,5 millones, así que prácticamente coincidirán ambos hechos.
El Ejecutivo vigente hasta ahora, el Partido Popular, se ha mostrado partidario de una renovación del Plan PIVE, algo que también han apoyado de forma mayoritaria las demás formaciones políticas susceptibles de formar Gobierno. Por su parte, el sector de la automoción cree que un nuevo Plan PIVE sería fundamental para continuar con las buenas ventas y con la renovación del parque móvil español, cuya media de edad se sitúa en 16,4 años.
Así, aunque desde la implantación de la primera edición del Plan PIVE el gasto público derivado de éste se ha cifrado en aproximadamente 1.115 millones de euros, se han retirado de la circulación unos 1.185.000 vehículos, algo que ha reducido el impacto del CO2 en el medio ambiente en 850.000 toneladas. Además, todo ello también ha repercutido positivamente en nuevas inversiones en las fábricas de coches españolas, que desde 2012 han comenzado a elaborar 22 nuevos modelos.