En España, se vendieron, en 2022 ‘sólo’ 78.239 unidades de turismos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables), una cifra interesante, pero que debido, entre otros motivos, a su precio o a la falta de puntos de recarga; se sitúa muy lejos del objetivo de 120.000 turismos necesarios para lograr el objetivo de reducción de emisiones marcado por el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030) lanzado en su momento por el Gobierno.
¿Tenemos suficientes puntos de recarga para coches eléctricos en España?
Y ante este panorama, la industria española del sector no deja de repetirlo: hay que mejorar algunas cuestiones para que la gente acceda con más facilidad al vehículo eléctrico. Entre ellos, los fabricantes solicitan al Ejecutivo la presencia de una fiscalidad propia para los coches eléctricos, más ayudas a la compra de estos vehículos y, también, una simplificación de la burocracia a la hora de tramitar, instalar y conectar los puntos de recarga.
Un 25% de los puntos de recarga, sin funcionar por problemas burocráticos
No es una petición baladí… ni mucho menos. Insiste en ello Luis Travesedo, presidente de la AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), quien ha señalado que hasta un 25% de los puntos de recarga ya instalados por las compañías energéticas en nuestro país no están aún operativos por problemas legales.
Una burocracia (la obtención de los distintos permisos, licencias y autorizaciones) que depende de la Dirección General de Carreteras y de las Comunidades Autónomas, que afecta incluso a los puntos de recarga que ya están incluso instalados, puesto que según Travesedo, un 80% de los puntos de recarga ya instalados tienen aún pendiente la obtención de algún tipo de permiso.
La AOP solicita medidas a la Administración, pero también a las compañías energéticas
Ante este panorama, la AOP, como patronal de las operadoras, estima que la Administración debería agilizar la gestión de los trámites administrativos (licencias, permisos y autorizaciones) para la instalación de estos puntos de recarga.
Y para ello, ha propuesto medidas concretas, como la obtención de una ‘autorización provisional de la instalación’ mientras se obtiene una autorización definitiva o, cuando sea posible, sustituir la necesidad de una autorización por una declaración responsable por parte del instalador. Una última medida que la AOP considera sería muy beneficiosa es que los trámites de autorización, propios de cada Comunidad Autónoma, se pudieran gestionar de forma telemática “en todo el territorio”.
Pero la AOP también tiene propuestas para las compañías eléctricas. Por ejemplo, que éstas apliquen los plazos de procedimiento abreviado para obtener permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, de forma que la distribuidora tenga “un mes para la respuesta inicial y la final”. En este sentido, AOP propone que se fijen plazos máximos de resolución, y no únicamente plazos de respuesta a lo largo del procedimiento.
Por otro lado, la AOP considera que la planificación del despliegue de infraestructura requiere de una mayor transparencia sobre la potencia disponible en cada zona de la red. Y, por ello, la agrupación estima que sería positivo “implementar un sistema de consulta” para conocer la potencia disponible en cada punto de conexión.
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