El pasado mes de septiembre la OCU promovió una acción judicial contra más de 250 concesionarios de la mayoría de fabricantes de automóviles que venden coches nuevos en España. Esto fue debido a una sanción interpuesta a éstos por la CNMC, ya que utilizaban prácticas restrictivas de la competencia, pactando precios entre ellos y generando una situación perjudicial para el consumidor, el cual acabó pagando entre 750 y 1.500 euros de sobreprecio en la compra de un coche nuevo. Este ‘cártel’ -nombre que recibe la manipulación del mercado entre empresas competidoras para impedir la competencia en él- se llevó a cabo entre los años 2006 y 2013.
De esta manera, la multa que ha recaído sobre los concesionarios a partir de la sanción de la CNMC -Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- ha sido de casi 225 millones de euros. Por su parte, en la acción promovida por la OCU -Organización de Consumidores y Usuarios- se apuntaron más de 160.000 personas antes del 31 de octubre de 2015, fecha en la que finalizaba el plazo para que los potenciales afectados por esta práctica ilegal se inscribiesen en contra de estas empresas.
De hecho, fuentes de la OCU aseguraron en su momento que este proceso tiene incluso más probabilidades de éxito que el ocurrido por el ‘Caso Volkswagen’, pues «la conducta anticompetitiva que la CNMC ha considerado acreditada hace que sea más factible que los compradores afectados recuperen el sobreprecio pagado por sus vehículos». Además, esta acción supone en Europa un hito, ya que se trata de una de las primeras que se ejercitan tras la Directiva 2014/104/UE de daños por actuaciones contrarias a la competencia.
