La DGT incrementará los controles de drogas en 2019

El consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y otras drogas sigue siendo muy frecuente entre los conductores españoles, tanto que el 43% de los que fallecieron en accidente de tráfico consumió alguna de estas sustancias. Según Gregorio Serrano, director general de Tráfico: «El consumo adictivo de alcohol y drogas en España es un problema actual y alarmante que afecta a los conductores que no pueden disociar el consumo de la conducción y que constituyen una parte importante de los reincidentes en infracciones y accidentes«.

Para tratar de poner fin a esta situación, se van a poner en marcha una serie de medidas, entre las que figura la derivación de los conductores reincidentes en este tipo de infracciones hacia los servicios de salud para que verifiquen si se trata de una adicción y realizar el seguimiento correspondiente. Y es que, la eliminación del consumo de alcohol y otras drogas contribuiría a reducir la siniestralidad vial mortal hasta un 50%.

150.000 controles de drogas en 2019

Otra de las medidas consiste en incrementar la vigilancia en las carreteras y en los núcleos urbanos. La Guardia Civil de Tráfico realizará 150.000 pruebas de drogas en 2019, es decir, 50.000 más que en este año. En los últimos años, se ha incrementado el número de conductores que ha dado positivo en drogas y se debe a dos motivos: el repunte en el consumo y la realización de más controles que en los ejercicios anteriores. Tanto es así que, en 2017, hubo 31.165 positivos por consumo de drogas de las 89.812 pruebas realizadas.

«Las pruebas de detección de drogas y las sanciones siempre producen un efecto disuasorio, que junto a otros factores, como la educación, la sensibilización y las mejoras en seguridad, contribuyen a mejorar la seguridad vial«, señalan fuentes de la Guardia Civil.

El problema también se atajará mediante la persecución penal. La incluencia de la droga en las facultades del conductor implica, desde el ingreso en prisión de tres a seis a meses, a una multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. Con todo, para completar a las políticas sancionadoras vigentes, es necesario aumentar la inversión destinada a incrementar el número de pruebas y controles de drogas, así como extender la formación especializada de los agentes de policía, especialmente en el ámbito local.