Las autoescuelas proponen exámenes de tráfico prácticos ´público-privados´
La huelga de examinadores de tráfico, que lleva activa en España desde antes de verano y que ha provocado la suspensión o el aplazamiento de más de 200.000 exámenes prácticos según los datos facilitados por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), parece no tener una fecha final a corto plazo. Ante esta situación, que ha provocado la pérdida de 90 millones de euros y el cierre de 114 autoescuelas, CNAE propone un importante cambio en los exámenes prácticos actual del sistema de tráfico español, imitando el servicio que se ofrece en Portugal o Alemania.
El cambio que propone CNAE y que ya ha recibido la negativa por parte del Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, supondría la entrada en el negocio de empresas privadas con autoridad para realizar estos exámenes. Como es lógico, los exámenes realizados por estas empresas privadas estarían siempre supervisados por la Dirección General de Tráfico.
Este modelo, que como hemos dicho ya se utiliza en otros países en Europa, podría solucionar el problema de la falta de personal para la realización de exámenes de tráfico y que supone una de las reclamaciones del sector de los examinadores de tráfico por la excesiva carga de trabajo diaria. El Presidente de CNAE ha defendido esta propuesta, tranquilizando al colectivo de examinadores y comparando la coexistencia de público y privado a otros sectores como sanidad, educación o seguridad en aeropuertos.
La huelga de examinadores está encareciendo también el precio del carné, ya que los alumnos suspenden más. Algunas de las jefaturas más afectadas son Navarra, Baleares, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Almería, Málaga, Ciudad Real o Zaragoza.
Por último, CNAE reclama también la necesidad de incorporar a la DGT, al menos, 200 examinadores más. Por su parte, Tráfico solo tiene previsto ampliar la plantilla en aproximadamente 120 personas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha apelado este martes a la «cordura» y «responsabilidad» de los examinadores de tráfico para que pongan fin a la huelga que desde hace seis meses mantienen.
