La CNMC amplía el expediente que abrió a Repsol, Cepsa y BP, incluyendo a 5 operadores independientes
El organismo encargado de que se respete la libre competencia ha incluido en dicho expediente sancionador a los operadores independientes Lence Torres, Complejo San Cristóbal, Cerro de la Cabaña, Estación de Servicio Macar y Estación de Servicio Lorqui.
Las conductas analizadas tienen origen en una serie de actuaciones iniciadas de oficio por la Dirección de Investigación de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en el marco de las cuales se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de cinco operadoras, así como en la asociación principal del sector en las fechas 27 y 28 de mayo y 22, 23 y 24 de julio de 2013.
Entonces, la CNC observó indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que acordó con fecha 29 de julio de 2013, la incoación de dos expedientes sancionadores por prácticas restrictivas de la competencia.
En concreto, uno de esos expedientes se abrió contra Repsol, Cepsa y BP por posibles conductas anticompetitivas, que consistirían en la coordinación en materia de precios entre cada uno de estos operadores de productos petrolíferos y empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución de combustible de automoción.
Después de estudiar la documentación obtenida durante la instrucción del expediente, la CNMC ha decididio ampliar dicho expediente a cinco empresarios independientes que operaban con anterioridad con las grandes petroleras, al encontrar indicios racionales de las supuestas prácticas prohibidas.
La semana pasada, la CNMC amplió la incoación contra BP España del expediente sancionador abierto contra Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp por una posible conducta anticompetitiva. Esta consistiría, según la CNMC, en la coordinación entre estos operadores en materia de precios, clientes y condiciones comerciales y en el intercambio de información comercial sensible en los mercados de distribución de combustible de automoción.
La ampliación del expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación, manteniéndose el período máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y la resolución, sin perjuicio de las suspensiones de plazo que se puedan producir durante su tramitación.
Fuente: E.P.
