En un momento en el que el debate sobre el futuro del automóvil está más vivo que nunca, Bruselas ha puesto sobre la mesa una revisión importante: la de los reglamentos que marcan los límites de emisiones de CO₂ para turismos y vehículos comerciales ligeros. Y, lejos de hacerlo a puerta cerrada, ha decidido consultar directamente a los ciudadanos y profesionales del sector.
Esta decisión llega apenas unos meses después de que la Comisión Europea presentase su Plan de Acción para la Industria del Automóvil, una hoja de ruta con la que pretende equilibrar la sostenibilidad medioambiental con la competitividad industrial y la cohesión social. Entre las medidas anunciadas figuraba acelerar el calendario de revisión de las actuales normas, previsto inicialmente para 2026, y adelantarlo a finales de 2025. Ahora, con la consulta pública ya abierta, ese compromiso empieza a tomar forma concreta.
Un cambio que afecta a fabricantes… y conductores
Aunque los textos legales puedan sonar lejanos, lo cierto es que esta revisión tiene consecuencias prácticas para todos. Por un lado, los fabricantes estarán obligados a adaptarse a unos posibles nuevos límites de CO₂ y a ofrecer información aún más clara y transparente sobre el consumo de sus modelos. Por otro, los consumidores podrían beneficiarse de una etiqueta más útil a la hora de comparar opciones en el concesionario.
En otras palabras, lo que se está debatiendo ahora no es solo cuánto contamina cada coche nuevo, sino también cómo se comunica esa información al comprador. De ahí que Bruselas haya querido abrir la participación no solo a expertos o empresas del sector, sino también a cualquier ciudadano interesado en opinar sobre el rumbo que debería tomar Europa en su camino hacia la movilidad cero emisiones.
Un proceso abierto a todos… pero con fecha límite
La Comisión Europea ha habilitado un portal específico dentro de su sitio web para que todas las personas o entidades interesadas puedan enviar sus comentarios, ideas o propuestas. El plazo estará abierto hasta el 29 de septiembre de 2025, y los resultados formarán parte del análisis previo a la elaboración del nuevo marco normativo.
Desde el organismo comunitario insisten en que esta fase no es decorativa: las aportaciones se tendrán en cuenta, especialmente si van acompañadas de datos técnicos, estudios de impacto o experiencias reales de consumidores y empresas. Además, el nuevo reglamento deberá basarse en una “base sólida de evidencias concretas”, que tenga en cuenta los últimos avances tecnológicos y las necesidades de una transición justa, sostenible y asumible económicamente.
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