El Senado de Francia ha realizado una consulta entre los ciudadanos, del 17 de abril al 14 de mayo, para averiguar si están o no de acuerdo con la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades. Unas preguntas a las que respondieron más de 51.300 ciudadanos, un récord según los senadores.
«Este éxito atestigua las muchas preocupaciones que esta medida genera entre los franceses», ha indicado el senador de los Alpes Marítimos, Philippe Tabarot. El 93 % de los encuestados han sido conductores particulares, y el 7 % restante, profesionales.
Los resultados de la encuesta, demoledores
En total, el 86 % de los conductores particulares y el 79 % de los profesionales que respondieron a las veinte preguntas formuladas por los senadores dicen que se oponen a la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en Francia.
Una medida que muchos cuestionan porque piensan que genera desigualdades en función de si tienes dinero para cambiar de coche o te resulta imposible adquirir un vehículo nuevo porque tu economía no te lo permite.
Precisamente, la opinión de los conductores varía mucho en función de su situación social y de su puesto de trabajo, ya que el 25 % de los directivos está a favor de las ZBE, frente al 11 % de los empleados y el 4 % de los trabajadores.
Y es que el mayor problema a la hora de cambiar de coche es que el precio de los vehículos menos contaminantes es demasiado elevado; así lo piensa el 77 % de los encuestados. Mientras que un 51 % se queja de la mala accesibilidad que hay desde las zonas rurales o aledañas a las ciudades y un 42 % critica la falta de ofertas de transporte alternativo (42 %).
Además, cuanto más lejos vive el encuestado del centro de las ciudades, es más contrario a las ZBE. Sólo el 8 % de los habitantes de las zonas rurales está a favor, frente al 23 % de los residentes en el centro de la ciudad.
Y la disponibilidad de alternativas al coche también influye mucho en las respuestas; ya que sólo el 16 % de los franceses «considera tener soluciones alternativas satisfactorias».
Cómo es la normativa de ZBE en Francia

La Ley en Francia establece la obligatoriedad de instaurar ZBE para 2025 en las 43 ciudades del país con más de 150.000 habitantes. Hasta el momento, ya hay once ciudades que han puesto en marcha sus ZBE; como, por ejemplo, Lyon, Grenoble, París… Y a pesar de que los conductores que incumplan esta norma será sancionados, el 83 % de los conductores no se plantea cambiar de vehículo.
En Francia existen un sistema de etiquetas ecológicas similar al de España, pero cuenta con seis categorías, cada una es de un color diferente, y se otorgan a los vehículos en función de la contaminación que emiten. Estas pegatinas se llaman Crit’Air (Certificats qualité de l’air; cuyo significado es certificados de calidad del aire), y son obligatorias tanto para los vehículos franceses como para los extranjeros que quieran acceder a las Zonas de Tráfico Restringido (ZTR).
Las pegatinas Crit’Air se tienen que colocar en el parabrisas del vehículo, como también sucede en España. Además, son obligatorias para toda clase de vehículos: automóviles, vehículos de dos ruedas, triciclos y cuatriciclos, comerciales ligeros y vehículos pesados, incluidos autobuses y autocares.
En Francia, la multa por entrar en una Zona de Tráfico Restringido (ZCR) sin el distintivo necesario es de 68 euros; 135 euros en el caso de los autobuses.
¿Y qué pasa en España?
En el caso de España, en 2023 ha entrado en vigor una de las medidas que ha generado más polémica de aquellas que están dentro de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. En concreto, se trata de la creación de Zonas de Bajas Emisiones en todas las localidades españolas que tengan más de 50.000 habitantes; en total son 149 ciudadedes. Aunque también se incluyen los territorios insulares y aquellos municipios con más de 20.000 habitantes que superen los niveles de contaminación permitidos.

Respecto a la sanción que conlleva en nuestro país acceder a una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en un vehículo que tiene restringida la entrada, según la reforma de la Ley de Tráfico que entró en vigor el 21 de marzo de 2022, es de 200 euros. Esta misma multa también se aplicará a aquellos conductores que no respeten las restricciones de circulación establecidas por los ayuntamientos durante los episodios de alta contaminación.
