Radares vandalizados: la DGT toma medidas drásticas  

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado una investigación para identificar y detener a los responsables de la reciente ola de vandalización de radares en varias carreteras convencionales de nuestro país. Siete dispositivos han sido saboteados en diferentes carreteras convencionales de cuatro comunidades autónomas. Dos de ellos en vías de la Comunidad de Madrid, dos en Castilla-La Mancha, dos en Castilla y León y uno en la Comunidad Valenciana.

El organismo no ha querido precisar en qué carreteras se ubican exactamente los radares vandalizados, ya que se encuentran bajo investigación, nos han comentado. Sí han confirmado que ha presentado denuncias a través de las unidades correspondientes de la Guardia Civil, con el objetivo de localizar a los autores y emprender acciones legales contra ellos.

Vandalizar radares, delito con multa y cárcel

Los destrozos de estos radares no solo representan un grave perjuicio económico, sino que también suponen un delito de daños tipificado en el Código Penal. El vandalismo contra radares está contemplado en los artículos 263 a 267 del Código Penal.

En concreto, el artículo 263.2 establece un tipo agravado de delito de daños, que se comete cuando concurren estas características, “cuando los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones”. También cuando se cometan contra funcionarios públicos.

Las penas previstas en este artículo para los infractores pueden oscilar entre 1 y 3 años de prisión, además de multas que van de los 12 a los 24 meses.

Además de las consecuencias penales, los autores deberán hacerse cargo del coste económico de los radares destruidos. Según la DGT, el valor de cada radar fijo asciende a aproximadamente 67.000 euros, mientras que los radares de tramo cuestan mil euros menos, en torno a 66.000 euros.

El vandalismo contra los radares puede enmarcarse también en el artículo 267 del Código Penal. En él se contempla que “los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos”.

Más vigilancia y nuevas medidas de seguridad

Ante esta ola de vandalismo, la DGT no piensa quedarse de brazos cruzados en las zonas afectadas y busca con ahínco a los responsables. Para frenar esta ola de ataques, la Guardia Civil ha intensificado la vigilancia en las zonas donde están instalados los radares. Además, se han colocado cámaras de seguridad conectadas en tiempo real con los Centros de Gestión de la DGT. Ahora, cualquier intento de sabotaje será detectado al instante y la respuesta policial será inmediata enviando patrullas al lugar del incidente.

La DGT ha recordado que estos dispositivos cumplen una función esencial en la prevención de accidentes de tráfico. Según estudios del Observatorio Europeo de Seguridad Vial y el Centro de Investigación del Transporte (ITF), entre el 10 y el 15 por ciento de los accidentes y hasta el 30 por ciento de los siniestros mortales se deben a una velocidad excesiva o inadecuada.

Nueva oleada de radares

Actualmente, la DGT dispone de más de 800 radares fijos, unos 1.300 móviles y 92 de tramo repartidos por toda la geografía. Números que no dejan de crecer. Recientemente, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska afirmó que en 2025 “continuaremos con la instalación de 122 nuevos dispositivos en las carreteras españolas”. Los primeros 24 entraron en funcionamiento en enero. De estos 24 radares, 17 son fijos y 7 de tramo.