Las amenazas del Gobierno Norteamericano, que aseguró que dejaría de apoyar económicamente a General Motors si no se llegaba a un acuerdo de venta antes del 10 de julio, han servido de estímulo para tomar esta decisión, que culminará con la creación de una nueva compañía liderada por el propio Gobierno de los Estados Unidos con el 60% de las acciones. El principal sindicato de la automoción, United Auto Workers, manejaría el 17,5% de las acciones, mientras que el Gobierno de Canadá haría lo propio con el 12% y los acreedores de General Motors con el 10%.
Sólo los mejores activos
Esta autorización judicial permitirán la creación de una «Nueva GM» con los mejores activos de la compañía, entre los que se encuentran las marcas Chevrolet y Cadillac, que cuentan con una red comercial menor, poca deuda y una plantilla más fácil de mantener. El resto de la compañía, con marcas como Pontiac y plantas de producción menos rentables, seguirán el proceso de liquidación según las normas de bancarrota de la justicia norteamericana. Para financiar la nueva entidad, el Tesoro de los Estados Unidos ha aceptado conceder 60.000 millones de dólares, incluyendo los 50.000 millones ofrecidos por el Gobierno de Obama para controlar el 60% de la empresa.
