Esta obligación se deriva de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y conlleva la valoración de otros parámetros por parte de los distribuidores, como el precio total del automóvil, la solicitud de crédito para la cantidad restante y la identidad del comprador. Con estos datos, el Ejecutivo quiere impedir que se utilicen los operadores económicos para fines delictivos. Además, los concesionarios estarán obligados a conservar esta información durante diez años, justo el plazo de prescripción de los delitos contemplados por la ley de blanqueo de capitales.
Esta normativa está en vigor desde el año pasado, y obliga a los agentes económicos a identificar a sus clientes y a comunicar las operaciones que consideren sospechosas. Ahora, estas nuevas obligaciones afectan también a los agentes financieros y no financieros más expuestos a este tipo de fraudes, como los concesionarios, los bancos, los notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios o joyeros. Además, todos estos profesionales deberán negarse a realizar una operación si consideran que forma parte de un delito fiscal.
