Por «peajes blandos» se entienden otras posibles formas de cobrar por el uso de las carreteras, que no sea haciéndoselo pagar in situ a los conductores. Recurrir a esta fórmula exigiría una inversión en instalaciones que haría muy difícil encontrar una empresa dispuesta a gestionar el servicio o el mantenimiento. La infraestructura necesaria cuesta 35 millones de euros, y el mantenimiento anual asciende a siete millones. Victoria ha calificado de «simple iniciativa» el anuncio que en su día hizo la ex-presidenta regional, Esperanza Aguirre, de las intenciones de su gobierno de empezar a instalar peajes. Por entonces, la Comunidad de Madrid ya calculaba poder recaudar 900.000 euros en 2012 y 30 millones en 2013.
Aunque la idea de los peajes haya pasado a mejor vida, algunos temen que la comunidad baraje otras posibilidades: La principal opción alternativa consistiría en aplicar un método similar a la «Euroviñeta»: Los conductores tendrían que poner una pequeña pegatina en el parabrisas de su coche, que acredita que han pagado la tasa obligatoria para poder usar determinadas carreteras. Los sensores de telepeaje y la policía podrían leer este elemento y comprobarlo. Otra posibilidad son los peajes sin barrera, en los que se detecta que un vehículo está entrando en una vía de pago mediante satélite o con tarjetas recargables.
Mantener las carreteras regionales de la Comunidad de Madrid cuesta 65 millones de euros al año pero, a la vista de los concursos de acreedores presentado por las cuatro radiales de pago existentes en la región -que no alcanzaron ni el 10 % del tráfico que esperaban tener-, los madrileños no están por la labor de abonar peajes.
Por otro lado, en el Congreso el Grupo Popular ha presentado una enmienda a la Ley de Construccción, Conservación y Explotación de las vías de peaje con la que quiere dotar de autoridad a los empleados de las concesionarias: «El personal encargado de la vigilancia de la autopista, en ausencia de los agentes públicos competentes, y cuando por la excepcionalidad de la situación se requiera, podrá adoptar las disposiciones necesarias en orden a la regulación y ordenación del tráfico, formulando en su caso las denuncias procendentes conforme a la normativa de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial», reza el texto propuesto. La enmienda llega después de los incidentes en los peajes catalanes, en los que la campaña de desobediencia «No vull pagar» [«No voy a pagar»], con la que los usuarios usaban la autopista tras negarse a pagar el importe correspondiente, ha tenido un seguimiento considerable.
