Según la UO, este informe «pretende evitar, ante la ausencia de instrucciones al respecto, que los agentes incurran en una responsabilidad que no les corresponde, pues no sería fruto de un comportamiento negligente, sino de la actitud dubitativa de un Gobierno temeroso del rechazo social a una medida cuya aplicación estricta acarrearía un notable incremento de denuncias».
Lo que más nos interesa a nosotros como conductores es que el informe establece que para el límite de velocidad de 110 km/h, la Guardia Civil podrá imponer una sanción cuando el cinemómetro indique una velocidad de 116,0775 km/h en radares fijos y de 118,2885 km/h en dispositivos móviles, si bien habría que redondear al entero superior -en caso de que los cinemómetros no reflejaran decimales», es decir, a 117 y 119 km/h respectivamente.
Y no parece que los agentes vayan a realizar una huelga de bolígrafos caídos, sino todo lo contrario. Como podemos leer en el texto, «Incumplir con el deber de denunciar y, en su caso, de sancionar, podría afectar negativamente al logro del ahorro programado por el Gobierno y, en consecuencia, incidir sobre un objetivo de interés público y general, que puede dar lugar a agravar la responsabilidad por la omisión dolosa o negligente en el ejercicio de la competencia de velar por el cumplimiento de la normativa vial».
