La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha puesto en contacto con la DGT para que el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, encargado de notificar las multas impuestas por los radares, deje de enviar las notificaciones vía correo ordinario. Según Becerril, esta práctica vulnera el artículo 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que no garantiza una recepción por parte del interesado, e insta a enviarlas por cualquier otro medio que sí lo haga. Sin embargo, no ha aportado alternativas para ello.
Por otro lado, señala que el desconocimiento de la población con respecto a la Dirección Electrónica Vial es culpa de la Dirección General de Tráfico, y considera que este organismo debería lanzar una campaña publicitaria que advirtiese a los usuarios de su existencia. Además, señala la tardanza en los retrasos en cuanto a los recursos de reposición, que pueden llegar hasta los cinco años; y propone un régimen sancionador encaminado hacia la reducción de los accidentes de tráfico, y no hacia la recaudación, como considera que está establecido el sistema en este momento.
Para terminar, también insistió en la traducción de la página web del Servei Català de Trànsit, pues ésta solo está disponible en catalán, y destacó la queja de un ciudadano que aseguraba que los agentes de la Guardia Civil de tráfico debían interponer más de 50 denuncias mensualmente si querían mantener su nómina íntegra, algo que ha sido categóricamente desmentido desde la DGT.
