Este martes 22 de agosto, representantes de la Dirección General de Tráfico, encabezados por Gregorio Serrano, se reunieron con el Comité de Huelga, designado por el colectivo de examinadores de Tráfico, para negociar la posible suspensión de la huelga indefinida. Pese a no llegar a ningún acuerdo reseñable y mantener la huelga en un principio, los examinadores anunciaron horas después la suspensión de la misma.
«La postura adoptada por mayoría de este colectivo fue convocar huelga indefinida a partir del 4 de septiembre con el fin de provocar la resolución del conflicto. Como esto no se ha producido y la DGT sigue sin dar un paso, mientras la ciudadanía sufre, este comité sensible a las demandas de los ciudadanos en las últimas horas, ha considerado realizar un cambio en la estrategia de huelga», ha comunicado la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra).
No obstante, pese a este decisión de suspender la huelga indefinida, los examinadores de tráfico continuarán realizando paros todos los lunes, martes y miércoles de cada semana a partir del 4 de septiembre como ya ocurriese durante los meses de junio y julio, provocando la suspensión de un total de 80.000 exámenes prácticos en apenas dos meses.
Hay que recordar que los examinadores de la DGT llevan convocando huelgas puntuales en protesta por la peligrosidad que supone su trabajo -por las distintas agresiones que han sufrido al comunicar al alumno un suspenso-, por el volumen de exámenes que realizan al día, por la escasez de efectivos en su especialidad y, asimismo, en demanda de la creación de una escala específica que reconozca su puesto y de la aplicación de un complemento salarial propio, que supondría un incremento en su sueldo mensual de entre 240 a 270 euros, según la antigüedad y categoría del examinador.
La DGT, en un intento de llegar a un acuerdo, ha propuesto que los servicios mínimos sean de un 50%, pero los examinadores no estaban dspuestos en la reunión de ayer a aceptar esas condiciones. De hecho, las posturas eran muy lejanas, ya que el colectivo de examinadores pretendía dar unos servicios mínimos del 20%.
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