En estos momentos, las autopistas acumulan una deuda de 3.500 millones de euros: 2.300 millones con los bancos españoles y 1.200 millones con entidades extranjeras. Los bancos españoles acreedores estarían dispuestos a financiar otros 1.200 millones de euros para costear las expropiaciones. Esta financiación tendría un tipo de interés del 3 % y sería a treinta años.
De las diez autopistas de peaje que se unirían en esta sociedad de capital público, seis ya están en concurso de acreedores: Las R-3, R-4 y R-5 de Madrid, la de Cartagena-Vera, la AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo). Entre las demás, destaca la M-12 -acceso al aeropuerto de Barajas– y la circunvalación de Alicante. Algunas de estas carreteras ni siquiera han llegado a ser usadas por un 10 % del tráfico inicialmente previsto.
La entidad creada dependería de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), y se quedaría con el 100 % de las acciones de las autopistas asumiendo la deuda. Eso sí, previamente las concesionarias exigen que el Ministerio de Fomento les pague el coste de construir esas vías, que afrontaron un alto coste en expropiaciones de terrenos cuando el precio del suelo estaba alto, y ahora ven reducido su tráfico por la menor circulación de vehículos en plena crisis económica. Este rescate no computaría como déficit porque se trataría de la compra de acciones de una empresa que tendría ingresos -lo que cobre a los usuarios de la vía-. Hasta ahora, se había intentado salvarlas mediante la concesión por parte del Estado de créditos participativos -es decir, a bajo interés- de en torno a 300 millones de euros anuales; el otro método han sido las cuentas de compensación: Abonar a las concesionarias la diferencia entre lo que están recaudando y el 80 % de lo que estaba previsto según las estimaciones oficiales.
