Tallin, capital de Estonia, fue hace tres años la primera ciudad en anunciar un transporte público de autobuses y tranvías gratuito para sus residentes, equiparándolo a sectores como el de la educación o el de la sanidad. Tras todo este tiempo, la implantación de esta medida ha acarreado consecuencias principalmente negativas: las analizamos a continuación.
- Empadronamiento masivo: La gratuidad del transporte público ha atraído a numerosas personas a empadronarse en Tallin, aspecto imprescindible para disfrutar del servicio. Así, desde 2013 se han triplicado los registros nuevos, lo cual ha aportado a las arcas de la población unos 10 millones de euros en concepto de impuestos. Sin embargo, no hay que olvidar el detalle del coste para el Ayuntamiento, el cual ha ascendido aproximadamente a 12 millones de euros. Implantar este sistema en Madrid, por ejemplo, costaría unos 150 euros por persona y año -contando únicamente los abonos actuales-. No obstante, no son casos comparables, pues la tasa de cobertura de la capital estonia era de tan solo el 23%, por lo que dejar gratis el transporte público ha supuesto un coste muy bajo.
- Sin cambios significativos: La medida se tomó con la intención de incentivar el transporte público, pero el número de pasajeros ha crecido únicamente en un 3%. Además, se cree que esta cifra ha incrementado por la construcción de nuevas infraestructuras destinadas al transporte público. Según los cálculos, por tanto, la gratuidad del servicio solo contribuyó al aumento de un 1,2% de viajeros. En conclusión, los conductores habituales han seguido utilizando su vehículo particular; por tanto, este 1,2% de nuevos usuarios habrían sido peatones de trayectos cortos que han optado por el autobús o tranvía debido a su nulo coste económico y mayor rapidez.
- Tipo de usuarios: El porcentaje de aumento de uso del transporte público gratuito en barrios con desigualdades sociales ha alcanzado el 10% en algunas zonas, multiplicando por casi ocho veces y media el aumento porcentual general. Este hecho ha puesto de manifiesto la dificultad de algunas personas para acceder al transporte público. La eliminación de esta barrera económica sí que ha sido un aspecto positivo, garantizando el derecho a la movilidad y facilitando el uso para todas las personas.
