El año pasado, tanto Comisión Nacional de la Energía como la Comisión Nacional de la Competencia aportaron al Gobierno una serie de ideas para paliar el problema de la falta de competencia en el sector. El Gobierno ha recogido muchas de ellas.
En primer lugar, las compañías tendrán un límite en la cantidad de estaciones de servicio que podrán implantar en aquellas provincias donde su cuota de mercado ya sea elevada; en el mismo sentido, las petroleras sólo podrán realizar contratos en exclusiva con las estaciones de servicio por un año, ampliable a tres si así lo acepta el dueño de la gasolinera. Igualmente, se prohibe a las petroleras indicar precios recomendados a los distribuidores, ya que los informes consideran que esto contribuye al alineamiento de precios y va en detrimento de la competencia.
Por otro lado, el Real Decreto persigue que abrir una gasolinera sea más fácil, agilizando los trámites para poder dedicarse al suministro minorista, al establecer un procedimiento único para todas las autonomías que solo tenga una duración de ocho meses. Para fomentar la apertura de gasolineras en puntos clave como centros comerciales y polígonos industriales, se pasa a considerar la venta de hidrocarburos como actividad comercial para la que se puede usar el suelo de estas zonas.
El Gobierno considera que los biocarburantes encarecen el precio final de los combustibles, y para abaratarlos ha decidido reducir las cantidades obligatorias en los carburantes que se venden: A partir de este mismo año, la gasolian pasa de tener que llevar un 4,1 % de biocombustibles a bastar con un 3,9 %, y en el caso del gasóleo se pasa del 7 al 4,1 %.
Se ha modificado el régimen de supervisión de instalaciones logísticas y de almacenamiento para que las compañías que pueden usarlas lo hagan de forma «transparente, objetiva y no discriminatoria».
