Y es que tras varias juntas de vecinos que tuvieron lugar en el año 2009 en la que se denegó la modificación de la cuota mensual, se produjeron discrepancias con ambos sujetos como protagonistas. Así, en 2010, el agente averiguó los datos del vehículo del administrador, según la resolución, «con la intención de formular boletines de denuncias por infracciones de tráfico inexistentes que atribuía a los conductores de los vehículos propiedad de aquél».
En total, las sanciones impuestas de forma fraudulenta fueron cuatro, que sumaban un total de 7.050 euros tras hacer caso omiso el perjudicado a los avisos de Correos. No obstante, la totalidad de los expedientes sancionadores han sido revocados en la sentencia. Aun así, el agente asegura que en estas denuncias -cuya razón obedece a una conducción temeraria- «fue imposible identificar al conductor», ya que no quería «poner en peligro la circulación».
Por su parte, el administrador ha declarado que «no veía normal» estas multas, de las cuales no puede ser culpable ya que se encontraba «en el trabajo» atendiendo a la hora en la que fueron impuestas.
