El próximo 22 de febrero, la titularidad de las estaciones de ITV de la Comunidad Valencia volverá a la gestión pública, una vez finalice el periodo de privatización que, hace 25 años, promovió el ex presidente de la Comunidad, Eduardo Zaplana.
El proceso de regresión a la titularidad pública de estas estaciones no está exento de polémica, ya que si en principio el Conseller de Economía de la Comunidad Valenciana, Rafael Climent (y de quien depende el servicio de ITV), había indicado que esta vuelta a la titularidad pública tendría lugar a partir del próximo 1 de enero; las estaciones de ITV de la región, asociadas en la patronal AECOVA-ITV, solicitaron una prórroga del servicio de seis meses o una indemnización de 7,6 millones de euros a modo de compensación por la pérdida de negocio durante su cierre debido a la pandemia, que tuvo lugar desde el 17 de marzo al 8 de mayo de 2020.
Finalmente, la Generalitat, atendiendo a este motivo, ha ofrecido una prórroga de 53 días, que finaliza el citado 22 de febrero. Alejandro Pastor, presidente de AECOVA-ITV y vicepresidente de la patronal nacional de estaciones de ITV, AECA-ITV; indica que “de haber alguna reclamación más, tendría que ser a título particular por cada una de las empresas”.
Y es que la vuelta a la titularidad pública de las estaciones de ITV afecta a siete empresas distintas que, en total “cuentan con unos 1.200 trabajadores”, señala Pastor. Aunque, de ellos, la gran mayoría será contratado sin cambios en sus condiciones por la nueva entidad gestora que ha creado la Generalitat: la Sociedad Valenciana de ITV.
La situación actual de las ITV en la Comunidad Valenciana
Según señala Pastor el cambio a la titularidad pública de las estaciones de la Comunidad (25 fijas, seis estaciones móviles para turismos y otras seis para vehículos pesados) “no supondrá demasiado problema” en Valencia y Castellón, pero sí lo será en Alicante.
En esa provincia, según Pastor, “las estaciones fijas de Ohiruela y Redován” no pasarán a manos de la Administración pública, como “tampoco lo harán las líneas móviles (cada estación móvil cuenta con varias, y las desplaza hasta la localidad en las que son necesarias) que operan en Campello, Santa Pola y Calpe”, ni tampoco las que operan “en Elda, Petrer, Novelda, Monóvar y Pilar de la Horadada”.
Esto podría afectar a “entre 100 y 150 trabajadores”, explica Pastor, “pero, sobre todo, supone “que se dejen de ofrecer cerca de 400.000 inspecciones anuales” y que podrían hacer que “se sature el servicio” en Alicante “al menos, durante 3 o 4 meses”, hasta que el modelo de gestión pública comience a funcionar adecuadamente.
Para tratar de evitarlo, Pastor indica que, al menos “las concesionarias de ITV de la región no están dando cita previa más allá del 22 de febrero, ante la imposibilidad de conocer sí podrán ofrecer este servicio”.
Las promesas para la ITV valenciana de la Generalitat: adiós a la tasa de sonometría
Mientras tanto, en los últimos meses, el Conseller de Economía de la Generalitat, Rafael Climent, ha manifestado que creará 10 nuevas estaciones de ITV en la Comunidad; algo que a falta de apenas dos meses para la vuelta a la titularidad pública, Pastor señala que “no han construido ninguna” y que, además, la Administración planea “construir dos en Castellón y dos en Valencia, pero ninguna en Alicante”, la zona que tendrá mayores problemas.
Pero la promesa más notoria de Climent es que retirará la tasa de sonometría, una polémica tasa de control de ruido que supone un coste de 11,25 euros y que, en España, únicamente se factura en las ITV de la Comunidad Valenciana.
La supresión de esta tasa supondría una importante rebaja en los precios de las ITV de la Comunidad Valenciana, que actualmente son de 52 euros para los turismos gasolina, de 67 euros para los diésel y de 86,90 euros para los vehículos pesados. Ante esta circunstancia, Pastor admite que “la Administración podría retirar la prueba o bien realizarla sin solicitar la tasa”.
Pero ojo, porque tal y como señala el propio Pastor y Autofácil ha confirmado por otras fuentes, “la obligatoriedad de la prueba de ruido está presente en la actual normativa europea de ITV” y podría ocurrir “que fuera obligatoria en toda España en los próximos años”.