Bicicletas eléctricas, patinetes, scooters urbanos y otros vehículos ligeros están transformando la forma de moverse por las ciudades. La micromovilidad ha llegado para quedarse, impulsada por su eficiencia, bajo coste y capacidad para sortear los grandes retos urbanos. Pero su expansión no está exenta de conflictos: la falta de una normativa clara amenaza con frenar su consolidación.
¿Qué es la micromovilidad?
La micromovilidad se refiere al uso de vehículos pequeños y ligeros, en su mayoría eléctricos, diseñados para recorridos cortos. Su auge responde a tres retos urbanos muy concretos: la congestión del tráfico, la contaminación ambiental y el alto coste de la llamada “última milla”.
Estos vehículos, accesibles, fáciles de manejar y de bajo consumo energético, han abierto una nueva etapa en la movilidad urbana. Su éxito también radica en su capacidad para complementar el transporte público o incluso sustituir, en algunos trayectos, al coche privado.

Los vehículos de la micromovilidad
Uno de los aspectos más interesantes de este fenómeno es la gran variedad de vehículos que lo integran:
- Bicicletas eléctricas (e-bikes): combinan el pedaleo tradicional con la asistencia eléctrica, lo que permite recorrer mayores distancias con menos esfuerzo. Ideales tanto para usuarios urbanos como para trayectos interurbanos.
- Patinetes eléctricos: han sido el vehículo de entrada para muchos. Ligeros, plegables, con autonomía suficiente para trayectos cortos y sin necesidad de carné, se han popularizado tanto en propiedad como en servicios de alquiler compartido. Son también los más polémicos por su mal uso en espacios públicos.
- Scooters eléctricos ligeros: algunos modelos de baja cilindrada, como ciclomotores urbanos eléctricos, se integran dentro de la micromovilidad, sobre todo si están pensados para trayectos breves y servicios de moto sharing.
- Monociclos eléctricos y hoverboards: aunque minoritarios, tienen su nicho de usuarios. Requieren más destreza, pero ofrecen gran portabilidad.
- Vehículos personales de movilidad reducida (VMP adaptados): versiones específicas de estos dispositivos diseñadas para personas con movilidad reducida también se incluyen en esta categoría, ampliando su impacto social.
Normativas en conflicto
Uno de los grandes desafíos que enfrenta la micromovilidad en España es la falta de una normativa clara, unificada y adaptada al ritmo al que evoluciona esta forma de transporte. Aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado a regular algunos aspectos —como la obligatoriedad de una sola persona, la limitación de velocidad a 25 km/h o la prohibición de circular por aceras—, la implementación práctica depende en gran medida de los ayuntamientos.
El resultado es un mosaico de normas que varían de una ciudad a otra: en algunas se exige seguro obligatorio para los VMP (vehículos de movilidad personal), en otras se prohíbe su uso en ciertas vías o se imponen horarios restringidos. Esta fragmentación normativa genera confusión tanto en los usuarios como en los operadores, y dificulta la expansión ordenada de los servicios compartidos.
Además, no existe aún una legislación estatal que defina de manera específica las condiciones técnicas que deben cumplir estos vehículos, su homologación o las responsabilidades civiles en caso de accidente. Esto ha generado una cierta inseguridad jurídica, sobre todo en incidentes entre VMP y peatones.
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