En caso de ser cierto, estos hechos supondrían un delito de alteración de precios y petroleras como Repsol, Cepsa, Disa o Meroil. Esta investigación se inició debido a dos expedientes sancionadores de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia -CNMC- en contra de estas empresas -y también de Galp- por los que tuvieron que desembolsar unos 32 millones de euros en concepto de sanción por pacto de precios, intercambio de información entre las compañías implicadas y pactos de no agresión.
Lo que trata de averiguar ahora el magistrado de la Audiencia Nacional es si esas prácticas continúan llevándose a cabo. La investigación actual por parte de la UCO se ha centrado en las comunidades autónomas de Galicia, País Vasco y Baleares debido a que presentan los precios más elevados de España y a que es donde existe una mayor concentración de operadores integrados en detrimento de los independientes, según los datos proporcionados por la CNMC.
En cualquier caso, los responsables de la investigación no cuentan todavía más información que la evolución de los precios del combustible, en base al informe entregado al juez el pasado 12 de septiembre. De hecho, las tarifas coinciden en algunas estaciones de servicio, si bien deberán ser los técnicos los que determinen si los datos aportados por la Guardia Civil pueden ser considerados o no como compatibles con una conducta de concertación de precios.
