La movilidad segura, conectada y limpia. Esta frase es la hoja de ruta que va a transformar la forma y modo de desplazarnos en nuestras ciudades. Será segura porque hemos aprendido que hay que priorizar la seguridad sobre cualquier otra consideración. Porque en el año 2017 perdieron la vida 509 ciudadanos en accidentes de tráfico en las ciudades y un muerto debería ser algo excepcional en la ciudad. La extensión de los 30 km/h en las calles de un único carril de circulación se visualizará como la medida más eficaz para reducir los accidentes y la gravedad de sus consecuencias.
La movilidad será conectada porque la tecnología lo permite, porque todos los vehículos estarán geolocalizados enviando sus datos a la nube, que nos los devolverá procesados en tiempo real; porque toda la información de la infraestructura, de los semáforos y de las señales estará integrada en la pantalla que gobierna el vehículo. Además, la conexión nos lleva a compartir, que es un concepto que va en el ADN de las nuevas generaciones. La moto compartida ya está aquí y para el automóvil el reto es mantener los desplazamientos… pero con menos vehículos, por lo que van a tener que compartirse y estar todo el día circulando para aumentar su eficiencia. Y la movilidad será limpia porque hemos aprendido que con la calidad del aire nos jugamos la salud y con el cambio climático nos jugamos el futuro. Las nuevas generaciones serán especialmente exigentes. El debate del diésel y la gasolina ya está aquí y, mientras el coche eléctrico nos está costando más de lo esperado, las motos y las bicicletas eléctricas se han incorporado al paisaje urbano.
En España se está viviendo una revolución silenciosa en la movilidad de nuestras ciudades. Barcelona, Bilbao y Madrid han abierto el camino con sus nuevas ordenanzas de movilidad sostenible y ya hay varias ciudades en la lista de espera con proyectos similares. Podremos estar más o menos de acuerdo con su contenido, pero hay que reconocer que algo se está moviendo -nunca mejor dicho-, que se están tomando medidas y decisiones y que se asumen riesgos, que no es poco. Se ha recuperado la famosa Ley 80/20 que decía que el 20% de la longitud de las calles de una ciudad llevan el 80% del tráfico y que el 80% de las calles solo llevan el 20%. Y a partir de esta constatación, había que blindar este 20% imprescindible para garantizar la entrada y salida de la ciudad de los vehículos y la conectividad entre los grandes nudos. Queda el 80% de la longitud de las calles para calmar el tráfico y hacer posible la convivencia pacífica entre todos los usuarios de la calzada. Antes, la velocidad máxima en las calles era de 50 km/h -y excepcionalmente podía ser de 30 km/h-, y ahora, en las calles de un único carril de circulación, será de 30 km/h -y excepcionalmente podrá ser de 50 km/h-. Es un cambio de paradigma que viene de Europa y que tiene calado por todo lo que significa.
Todos hablan de potenciar el transporte público en sus diferentes formas, de la gestión del estacionamiento en calzada cada vez más escaso, de los nuevos vehículos de movilidad urbana que habrá que regular y ordenar y del creciente protagonismo de los desplazamientos a pie. Pero quizás deberíamos dar una mayor importancia a la distribución de mercancías en la ciudad y a las furgonetas. Porque afecta a la actividad económica, porque toca muchos puestos de trabajo, porque cada vez hay más productos y menos stocks y porque el comercio electrónico ha venido para quedarse. Importancia también la de las motos, las grandes olvidadas, porque si queremos reducir el uso del automóvil la experiencia nos indica que su alternativa es el scooter urbano que pide una mayor atención y valoración por su aportación a la movilidad en la ciudad.
Pero para que todo esto funcione nos hace falta una Ley de Movilidad que nos proporcione el marco de referencia y la distribución de responsabilidades en los diversos niveles de las Administraciones. Para hacer una Ley, alguien tiene que liderarla y, hoy por hoy, no tenemos una cara visible e identificable como responsable de la movilidad en el Gobierno. El reto está en la organización institucional, y si lo resolvemos razonablemente, podríamos transformarnos en un referente internacional en las políticas de movilidad. Este puede ser un proyecto sugestivo para un país.
