Las últimas elecciones autonómicas y municipales en España, celebradas en 2015, han tenido una relevancia especialmente importante en el uso de los coches oficiales. Las nuevas generaciones políticas han decidido cambias estos vehículos con chófer por el transporte público, la bicicleta o incluso van a pie.
Hace unas semanas, tras la constitución del Congreso de los Diputados, distintos miembros de la Mesa anunciaron en cascada su renuncia al privilegio de desplazarse en un vehículo de alta gama con chófer.
El parque móvil del Estado, del que lleva cuenta el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, disminuyó en un 29 por ciento entre 2011 y 2014, pasando de 921 a 652 vehículos. Además, muchos de esos coches oficiales han sido ya subastados, consiguiendo una recaudación de 574.331 euros.
Alcaldes como Manuela Carmena (Madrid), José María González Santos «Kichi» (Cádiz), Joan Ribó (Valencia), Pilar Zamora (Ciudad Real) u Óscar Puente (Valladolid), entre otros, han preferido dejar de lado el coche oficial y utilizar medios de transporte mucho más baratos y respetuosos con el medio ambiente.
Los que más complicado lo tienen para dejar el coche oficial son los gobiernos autonómicos, ya que en algunas ocasiones moverse dentro de la comunidad significa recorrer distancias muy extensas.
