Todo empezó cuando Faconauto emitió un comunicado en el que calficaba de «claramente mejorable» el servicio prestado por las actuales ITV, y recomendaba avanzar con su proceso de liberalización. Faconauto puso como ejemplo el caso de las ITV catalanas -en el que se investiga un intento de conseguir concesiones de la Generalitat de forma fraudulenta-.
El servicio de ITV fue liberalizado por el Gobierno del PP en el año 2000 -permitiendo entre otras cosas que las inspecciones se pudiesen llevar a cabo en talleres de reparación convencionales-, pero Faconauto denuncia que esto no ha sido así en la práctica: «En términos reales no se ha producido la liberalización, ya que las comunidades autónomas siguen sin trasladar el régimen de autorización de las ITV a su legislación autonómica, negociando prórrogas o adjudicaciones de concesión, incumpliendo la normativa vigente», dijeron la semana pasada. El presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, llegó a declarar que con la liberalización «la seguridad vial saldría reforzada».
Ante estas afirmaciones, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la
Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) se ha apresurado a lanzar su propio comunicado sobre este tema. AECA-ITV explica que la legislación deja en manos de las comunidades autónomas establecer quién está autorizado a realizar Inspecciones Técnicas. «Todos los servicios que se prestan en el sector de la automoción son mejorables, el comercio de vehículos, la reparación, el aseguramiento y el servicio de ITV, a lo que tanto la Administración como esta asociación dedican muchos esfuerzos», recuerdan desde AECA-ITV. Además, esta asociación lamenta que se utilice el caso detectado en Cataluña para desacreditar todo un servicio público.
