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El Gobierno permitirá que los ayuntamientos establezcan un peaje por entrar a las ZBE

Durante la presentación del Global Mobility Call, el congreso internacional de movilidad que tendrá lugar en Madrid el próximo junio; Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha adelantado que la nueva Ley de Movilidad Sostenible otorgará a los ayuntamientos la posibilidad de crear un peaje por entrar a las ZBE.

¿Tendremos que pagar un peaje por entrar a las ZBE de las ciudades? Es una posibilidad a la que el Gobierno, que introdujo en 2021 y en la Ley contra el Cambio Climático la obligación de que, a partir del próximo 1 de enero de 2023, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes creen Zonas de Bajas Emisiones; acaba de dar luz verde. Concretamente, lo hizo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante la presentación del Global Mobility Call, el congreso internacional de movilidad sostenible que tendrá lugar en el IFEMA madrileño durante los próximos 14, 15 y 16 de julio y que reunirá a más de 7.000 profesionales, así como a 26 patrocinadores, 33 asociaciones sectoriales nacionales y 12 internacionales.

Sánchez desveló la posibilidad de crear un peaje por entrar a las ZBE al hablar de la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, cuya aprobación el Ejecutivo prevé adelantar ya a este año: «Nuestra intención es llevar próximamente el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros en segunda lectura […]. Pero, en cualquier caso, el escenario que nos marcamos es poder aprobar la ley durante este año. […] «Dijimos que la aprobaríamos en 2023, así que vamos con tiempo».

Peajes para que entren a las ZBE incluso los vehículos contaminantes

La creación de tasas o peajes por entrar a las ZBE será una de las posibilidades que la nueva Ley otorgará a los Ayuntamientos, quienes podrán decidir aplicarla o no. “Efectivamente, se prevé la posibilidad de que se establezcan tasas por parte de los ayuntamientos para cobrar por la circulación en las zonas de bajas emisiones», reconoció la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

De esta forma, serán los distintos consistorios españoles los que, dentro de esta Ley, decidan poner en marcha o no en su ámbito municipal esta posibilidad, y los que también decidirán la cuantía de esta posible tasa o peaje por entrar a las ZBE.

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Y ojo porque, aunque la aprobación original de la creación de las ZBE hace años tenía como propósito limitar el acceso a las mismas a los vehículos menos contaminantes (esto es, a aquellos con etiqueta ECO o Cero de la DGT, como ya ocurre en la ZBE de Barcelona o en Madrid 360), esta posibilidad de pago podría dinamitar por completo esa intención y otorgar la posibilidad a algunos ayuntamientos de permitir, previo pago de esta tasa, el paso a sus ZBE de otros vehículos con mayores emisiones contaminantes.

La ministra no llegó a aclarar esta posibilidad y sí insistió en que «serán los ayuntamientos los que podrán implantar esas tasas y la ley los faculta para que, en el marco de sus competencias, puedan aplicarlas». Si este tipo de peaje llegará a introducirse en España, no sería una novedad en Europa ya que, desde hace décadas, ciudades como Londres (en la que acceder al centro con un vehículo cuesta 18 euros al día), Estocolmo, Oslo, Gotemburgo o Milán ya cobran tasas de este tipo.

De hecho, asociaciones como la plataforma Barcelona22 ya han realizado estimaciones de lo que supondría introducir el peaje en Barcelona. Así y aplicando una tasa teórica de cuatro euros al día (durante todos los días de la semana, que permitiría el acceso de 7:00 de la mañana a las 20:00 horas), estiman que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal podría ganar 370 millones de euros cada año.

Las ZBE, una posibilidad para todos los municipios

Adicionalmente, la ministra también recordó que, aunque a partir del año que viene, todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que implantar zonas de bajas emisiones, «el resto de municipios también tienen la posibilidad de hacerlo”, aunque señaló que se tendrán que “que definir cuáles son los criterios o recomendaciones para señalar, identificar y calificar unas zonas de bajas emisiones”.

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