Unidad empresarial contra la prohibición a los vehículos diésel nuevos en Baleares

La prohibición a los vehículos diésel nuevos que incorpora el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobado por el Govern balear pero pendiente aún de tramitación parlamentaria, ha provocado la unidad empresarial de diferentes patronales, de Baleares y de ámbito nacional, que rechazan la norma y la critican denunciando que «restará competitividad a las empresas y tendrá efectos perjudiciales para el medio ambiente en las Islas y, al carecer de un plan integral de desarrollo del vehículo eléctrico, su aplicación será muy costosa en términos económicos para los ciudadanos de Baleares».

La oposición a prohibir los vehículos diésel nuevos en Baleares que incluye el proyecto de ley llega de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), integrada en la Confederación Española de Organizaciones Empresaria (CEOE), de la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Balears (ASEDA) y la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor (BALEVAL), integradas en la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), que también tachan la norma balear de «contraria a la política europea», así como de «regresiva y discriminatoria».

El problema está en los vehículos antiguos

El principal foco de oposición al proyecto de ley es que incorpora «la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel nuevos, que salen de fábrica cumpliendo una restrictiva normativa europea e incorporan sistemas que los hacen menos contaminantes incluso que los de gasolina, mientras que sí podrán hacerlo los coches de mayor antigüedad sin límite de tiempo ni de emisiones», destaca Carmen Planas.

La presidenta de CAEB, considera, que «este aspecto concreto del proyecto de ley es muy polémico y nos preocupa porque genera controversia social e incertidumbre ya que será nocivo para el medio ambiente y gravoso para los ciudadanos de Baleares ante la falta de ayudas».

En términos similares se expresa ANFAC, cuyo vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, critica que «esta prohibición supone ignorar la realidad de los avances tecnológicos actuales en los motores diésel, mientras que los vehículos de más de 15 años emiten hasta un 84% más de NOx y un 90% más de partículas que los nuevos motores diésel que sí que cumplen con la estricta normativa Euro6″.

«El problema no es el diésel, son los vehículos antiguos que circulan por las carreteras», remarca Armero, que defiende las nuevas tecnologías diésel «por su eficiencia y bajas emisiones», a la vez que recuerda que «ANFAC respalda al máximo el desarrollo de los vehículos eléctricos, pero entiende que estas tecnologías necesitan de un marco regulatorio específico, que incluya ayudas a la compra y medidas fiscales beneficiosas».

Una legislación disruptiva, según las patronales de la automoción

La Federación Balear de Transportes (FEBT) también se opone a la medida y se hace eco de las críticas tanto de los concesionarios de vehículos de Baleares (ASEDA) como de las principales empresas de alquiler de vehículos de las islas (BALEBAL).

Andreu Vidal, presidente de ASEDA y vicepresidente de la Comisión de Industria y Transportes de CAEB, destaca la «preocupación empresarial por saber cómo se va a llevar a la práctica que los vehículos diésel nuevos no puedan circular por Baleares pero sí puedan hacerlo por el resto de España y por Europa ya que la legislación reconoce la libre circulación por el territorio nacional y europeo y, además la Constitución Española, en su artículo 14, garantiza que españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia».

«Seríamos diferentes al resto de España y de Europa», resalta además Vidal, puesto que «todas las ciudades que han introducido restricciones en la circulación se basan en criterios de antigüedad del vehículo», como es el caso de los planes de movilidad de Madrid, Barcelona, Múnich, París o Londres. «Aquí lo que se restringiría es una tecnología concreta, el diésel, sin tener en cuenta el nivel de emisiones de los vehículos».