Una multa de 200 millones de euros anuales

Madrid Central: su derogación podría acarrear sanciones por parte de la UE

21 Madrid Central: su derogación podría acarrear sanciones por parte de la UE
Madrid Central explicado en imágenes
Nicolás Merino
Nicolás Merino


Revertir la situación de Madrid Central podría salir bastante caro. Y es que la Unión Europea ya abrió un expediente sancionador contra España en 2017 por no cumplir con los objetivos de contaminación y emisiones. La puesta en marcha de Madrid Central paralizó el expediente y revertirlo podría suponer una multa astronómica por parte de Bruselas.

La derogación de Madrid Central, uno de los mantras con los que se presentaron a las elecciones a la alcaldía de la capital formaciones como el Partido Popular o Vox, podrían acarrear importantes sanciones a España. La puesta en marcha del Plan de Movilidad Sostenible de Madrid ha sido avalado y aprobado por la Unión Europea, por lo que, en el caso de revertir dicho plan sin tener uno alternativo, le podría salir bastante caro a las arcas españolas.

En 2017, Bruselas ya puso en marcha un expediente sancionador contra España por no cumplir los objetivos de emisiones en Madrid y Barcelona. El resultado de aquel primer aviso fue la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona en 2017 y la llegada de Madrid Central en 2018. De este modo, el organismo europeo paralizó el expediente, aunque dejó claro que seguiría de cerca la evolución de ambas medidas.

La alternativa a Madrid Central

Tras los resultados de las elecciones a la alcaldía de la capital, el candidato del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, ya ha anunciado su intención de dar marcha atrás con Madrid Central y volver a las cuatro APR anteriores -Ópera, Cortes, Embajadores y Letras- si llega a la alcaldía.

Desde Ciudadanos, Begoña Villacís no se muestra a favor de una revisión total, mientras que Inés Sabanés, delegada en funciones de Medioambiente y Movilidad, afirmó que “Madrid Central está incluido en un plan obligatorio de acuerdo a las normativas europeas”.

A través de un comunicado, Ecologistas en Acción ha cifrado las sanciones, en el caso de no cumplir con la normativa de emisiones en las ciudades de Madrid y Barcelona, en 200 millones de euros anuales.