Una multa de 500 euros a una silla de ruedas. Así podría resumirse la noticia que ha saltado en los últimos días a los medios de comunicación. Y es que, una vecina de Benahavís, en Fuengirola (Málaga), ha descubierto que un agente policial decidió por cuenta propia denunciarla por circular por una calle en dirección contraria con su silla de ruedas ante la imposibilidad de hacerlo por la acera por la estrechez de la misma.
Al parecer, el agente advirtió a la señora, pero no le reclamó documentación ni le notificó ninguna sanción en el momento y tampoco se recibió notificación alguna en su domicilio durante los meses posteriores. De tal forma que la vecina, con un 86% de discapacidad, se tomó la advertencia como una broma. Sin embargo, el hijo de la afectada descubrió el pasado jueves en las oficinas del Patronato de Recaudación, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, cuando fue a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la sanción económica de 500 euros por pagar.
Los afectados han puesto el asunto en manos de abogados, también se ha elevado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y han preparado un recurso potestativo de revisión que centra sus argumentos en el hecho de que el agente denunciante no identificó personalmente a la afectada ni le entregó boletín de denuncia.
