Con un total de 339 votos a favor, 249 en contra y 24 abstenciones, el Pleno del Parlamento Europeo ha ratificado este miércoles la prohibición de vender nuevos turismos y furgonetas con motores de combustión a partir del año 2035. Esta propuesta formulada para debate y votación el pasado mes de mayo por parte de la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) se convierte en una de las medidas más relevantes en cuestión de política de descarbonización para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
En el punto medio de este camino hacia una flota libre de emisiones, la Comisión Europea ha fijado una reducción del 55% de las emisiones de gases contaminantes de coches y vehículos comerciales ligeros de combustión antes de 2030. Esta posición abre un camino de negociación con los gobiernos de los estados miembros y los ministros para convertir esta medida en una ley comunitaria. Se espera que la ley definitiva se apruebe este otoño.
Europa prohíbe los coches diésel y gasolina a partir de 2035
En comparación con las cifras establecidas por la actual regulación de emisiones, los eurodiputados votaron a favor de exigir a los fabricantes de automóviles que reduzcan la huella de carbono un 15% en 2025, un 55% en 2030 y un 100% en 2035. El final de las ventas de vehículos impulsados por motores de combustión es una de las medidas recogidas dentro del plan ‘‘Fit for 55’’ de la Comisión Europea, que llevará a los sectores más contaminantes a reducir drásticamente sus emisiones de CO2 en los próximos años.
Más allá de poner fecha de caducidad a los bloques diésel y gasolina tradicionales, esta medida también descarta el futuro de los modelos híbridos ligeros, los híbridos enchufables e incluso a los nuevos biocombustibles y carburantes sintéticos, también conocidos como e-fuels. En el último caso, diferentes marcas del sector del automóvil como Porsche han hecho importantes esfuerzos para poder seguir ofreciendo a sus clientes deportivos con mecánicas de combustión tradicionales.
Como decimos, la ley aún no es definitiva. El siguiente paso pasa por una nueva votación para que la medida sea aprobada por los estados miembros de la Unión Europea. En este sentido, los ministros de Medio Ambiente deberán decidir su posición sobre la propuesta, antes de iniciar las negociaciones con el Parlamento.
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