Las ayudas para la compra de vehículos eléctricos recibirán una importante inyección de liquidez que tendrá un impacto inmediato por el que los usuarios podrán recibir ayudas de 5.000 euros para la compra de coches eléctricos y furgonetas ligeras, 700 euros para motos eléctricas y 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa.
Aunque el pasado viernes se tumbasen los presupuestos generales para el año 2019, las ayudas para la compra de vehículos eléctricos no se vieron afectadas y fueron ratificadas por el Gobierno. De esta forma, el Gobierno aprobó la aportación de un total de 45 millones de euros que irán a formar parte de un Plan MOVES que los inveritá en ayudas a la compra vehículos eléctricos y su infraestructura de carga, algo muy importante para que siga creciendo la movilidad eléctrica y se consigan reducir los niveles de contaminación.
De los 45 millones destinados para ayudas a la movilidad eléctrica, y de las que podrán beneficiarse usuarios particulares, autónomos, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas vinculadas a ellas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado, serán de hasta 5.000 euros para la compra de un coche eléctrico o con sistemas de propulsión alternativos o vehículos comerciales ligeros. En el caso de autobuses y camiones pesados se ofrecerán hasta 15.000 euros y 700 euros si queremos adquirir una motocicleta eléctrica. Además de estas cantidad, fabricantes y distribuidores que se adhieran al plan ofrecerán un descuento mínimo adicional de 1.000 euros en la compra de coches, furgonetas, camiones y autobuses, quedando excluidas de este descuento motocicletas y cuadriciclos.
De manera adicional también se destinan 15 millones de euros a apoyar proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad y municipios con altos índices de contaminación o localizados en islas.
Todas estas ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas. Cada comunidad deberá realizar convocatorias en sus respectivos territorios. El presupuesto asignado a cada comunidad o ciudad autónoma deberá repartirse entre las distintas actuaciones recogidas en el Real Decreto. Así, deberá dedicarse entre un 20% y un 50% a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida.
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