Lamentablemente, la actualidad siempre nos deja ejemplos de conducta muy poco cívica. ¿La última? La falsificación, por parte de un conductor sin ninguna discapacidad, de una tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida.
Ha ocurrido en Palma de Mallorca, donde el Juzgado de lo Penal ha condenado a un conductor, de nacionalidad española, residente en la ciudad y de 62 años; a una pena de seis meses de prisión (que, si no tiene antecedentes, no cumplirá) y al pago de una multa de 720 euros.
Este residente, y con el fin de aparcar su vehículo, de marca Mercedes, en plazas reservadas a personas con movilidad reducida; había facilitado su foto a una tercera persona, quien había falsificado una tarjeta real de este tipo e incluido esta fotografía.
De hecho, la Policía local denunció a este residente el pasado 14 de febrero en una calle próxima a General Riera, en la capital balear, cuando realizando una comprobación del número de esta tarjeta; vieron que la misma, válida hasta 2023, había sido expedida a nombre de otro residente, este sí, con problemas de movilidad.
Disponer de una tarjeta de movilidad reducida, que otorga el Ayuntamiento de la población donde reside la persona con dichos problemas, supone algunas ventajas como estacionar en cualquier plaza destinada exclusivamente a estos usuarios, ya sea en zona SER o establecimientos públicos, o detenerse en cualquier lugar de la vía siempre que sea por un motivo justificado.
Una sanción mínima por falsificar una tarjeta de movilidad reducida
El sospechoso fue finalmente imputado por un juzgado de Instrucción como autor de un delito de falsedad en documento oficial. Admitió su culpabilidad y fue condenado a seis meses de prisión y a la citada multa. Inicialmente el Ministerio Público pedía nueve meses de cárcel y una multa de 1.800 euros. La jueza dictó sentencia en el mismo acto.
Pero esta pena ha sido la mínima que le podía haber caído. Y es que el delito de falsedad documental está tipificado en el Código Penal y sancionado con una pena de prisión de seis meses a dos años y el pago de una multa diaria (a dictaminar por el juez) durante un plazo de seis a 24 meses.
Además, y ya fuera del Código Penal, hay que tener en cuenta que ya sea tanto parar o estacionar en una de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida sin haber obtenido la pertinente tarjeta se sanciona con 200 euros de multa, pero sin retirada de puntos. Así las cosas, el acusado, incluso antes de iniciarse la vista del juicio, dio el visto bueno al acuerdo de conformidad alcanzado por su defensa con la representante del Ministerio Fiscal.
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