Así, al cierre de 2015, el organismo tenía 417,6 millones de euros en tramitación para su cobro por vía ejecutiva. Mientras tanto, también contaba con otros 53 millones de euros en concepto de deuda no admitida por la Agencia Tributaria. En cuanto a las denuncias formuladas por la DGT, el 60% corresponden al exceso de la máxima velocidad permitida en una vía, porcentaje que ha crecido un 12% en este 2016. Le siguen, por volumen de sanciones, no llevar abrochado el cinturón de seguridad, utilizar el teléfono móvil mientras se conduce o ponerse al volante bajo los efectos de las drogas o el alcohol.
A pesar de haber aprobado la auditoría de 2015, IGAE ha señalado que a la DGT le falta «un inventario completo de los bienes y derechos del organismo» referentes a «los helicópteros y los elementos adquiridos para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil», datos que no ha podido comprobar el auditor. Éste ha reflejado, además, que «hay contabilizado un asiento directo a 31 de diciembre por 303,2 millones de euros para registrar la cesión temporal de tesorería al Tesoro para su rentabilización», pero «no hay ningún documento que refleje dicha decisión».
