La empresa Uber, ilegal en nuestro país desde diciembre del año pasado y competencia directa de los taxistas, establece nuevos puentes de conexión con las administraciones para comenzar de nuevo en nuestro país sin causar ningún perjuicio a otros sectores. Recordemos que esta se encargaba de gestionar el transporte privado entre usuarios de una aplicación móvil sin ninguna protección legal u obligación impositiva, algo que cambiará.
Y es que a partir de ahora, el que quiera cobrar por un servicio utilizando esta app deberá estar en posesión de la licencia VTC –Vehículo de Turismo con Conductor- y de una autorización administrativa para transportar personas. Así, la compañía norteamericana le da una vuelta a su planteamiento después de lanzarse en Barcelona y permitir sus servicios a cualquier particular con automóvil.
De hecho, incluso tras la declaración de su ilegalidad, intentó sobrevivir mediante el reparto de comida rápida entre particulares. 20 meses ha tardado en ser todo un fenómeno social, tanto que ha sido perseguida por jueces –se ordenó la prohibición de acceso a la aplicación-, taxistas o policía, con la que colaborará desde este momento para evitar cualquier intento de fraude y admitiendo solo a profesionales.
Finalmente, una vez reunidos Uber de una parte y el Ministerio de Fomento y Pablo Rodríguez –director de Transportes de la Comunidad de Madrid- de otra, se ha llegado a un acuerdo por el que habrá cambios que regulen los requisitos a la hora de adquirir la licencia VTC y que serán decisivos para darle un impulso a la empresa, alcanzando una dimensión superior a la que podría tener actuando de forma clandestina.
