Coches sin etiqueta empadronados podrán circular siempre por Madrid

Una medida que abre un nuevo capítulo en el debate sobre las zonas de bajas emisiones en España. Madrid mueve ficha en el complejo tablero de las restricciones al tráfico. El Ayuntamiento trabaja en una modificación normativa que permitirá a los coches sin etiqueta ambiental —los más antiguos y contaminantes— continuar circulando por la capital si están empadronados en la ciudad y pagan el impuesto municipal de circulación. La excepción no tendrá fecha de caducidad, lo que en la práctica supone que estos vehículos podrán seguir utilizando las calles madrileñas mientras se mantengan dentro de los límites legales de contaminación.

Tras moratorias, estabilidad…

La decisión llega después de años de prórrogas, moratorias y cambios en el calendario previsto por la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Inicialmente, el plan contemplaba que a partir de 2025 ningún turismo sin distintivo ambiental pudiera circular por todo el término municipal de Madrid, incluso aunque perteneciera a un residente. Pero el Consistorio ya había ampliado la moratoria hasta finales de 2026 al considerar que el impacto medioambiental de estos coches era limitado.

El nuevo giro político va más allá: convertir esa excepción temporal en permanente para los residentes. Según los argumentos del gobierno municipal, el número de vehículos afectados es relativamente reducido. Representan apenas algo más del 1 % del tráfico diario de la capital, lo que, según el Ayuntamiento, minimiza su impacto sobre la calidad del aire.

En términos prácticos, los propietarios de estos vehículos podrán circular por el municipio y estacionar en las plazas verdes del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de su barrio, aunque seguirán existiendo limitaciones en zonas especialmente protegidas, como Distrito Centro o Plaza Elíptica.

La decisión tiene también una lectura social y política. Muchos de los coches sin etiqueta pertenecen a conductores con vehículos antiguos que no han podido renovarlos, lo que había generado críticas sobre el impacto de las zonas de bajas emisiones en los hogares con menor renta. Desde el Ayuntamiento se defiende que la medida aporta “seguridad jurídica” a los residentes y evita penalizar a quienes dependen de su vehículo para moverse por la ciudad.

Madrid fue pionera en España con la puesta en marcha de Madrid Central en 2018, una de las primeras áreas de bajas emisiones del país. Desde entonces, la regulación del tráfico urbano se ha convertido en un terreno de permanente fricción entre administraciones, tribunales y ciudadanos.