Europa suaviza exigencias sobre prohibición de motor de combustión

El motor de combustión sigue más allá de 2035: Bruselas aprieta pero no ahoga

La Comisión Europea recula ligeramente en su hoja de ruta climática del automóvil: el veto total a los térmicos se transforma en un objetivo del 90% de reducción de emisiones. El 10% restante deberá compensarse con soluciones industriales y combustibles alternativos, a la espera de un paquete más amplio que se concretará en enero.

La Unión Europea ha decidido apostar por la flexibilidad en uno de los pilares de su política climática para el automóvil. A partir de 2035 no desaparecerán por completo los coches con motor de combustión: Bruselas exigirá una reducción del 90% de las emisiones de CO₂ respecto a los niveles de 2021, dejando un margen del 10% que podrá compensarse mediante otras medidas consideradas neutras en carbono.

Del 100% al 90 %

El cambio supone una revisión sustancial del reglamento aprobado en 2023, que fijaba el objetivo de emisiones cero para todos los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos vendidos en la UE. En la práctica, el nuevo enfoque permite que sigan matriculándose vehículos térmicos e híbridos más allá de 2035, siempre que los fabricantes acrediten compensaciones equivalentes, como el uso de acero bajo en carbono producido en Europa, biocombustibles o combustibles sintéticos.

Los deseos de España para prohibir la combustión en 2035 no se han tenido en cuenta
Los deseos de España para prohibir la combustión en 2035 no se han tenido en cuenta

La decisión llega tras semanas de negociaciones intensas y refleja un cambio de clima político en Bruselas, muy influido por la presión de Alemania e Italia y por las advertencias de la industria sobre el desfase entre los objetivos regulatorios y la realidad del mercado. Hoy, la penetración del coche eléctrico en Europa sigue siendo muy desigual: mientras en algunos países del norte supera con holgura el 30%, en buena parte del sur y del este cuesta llegar a los dos dígitos.

Junto a esta flexibilización del 2035, la Comisión ha presentado otras medidas de alivio regulatorio. Entre ellas, la introducción de un sistema de banking and borrowing que permitirá promediar los objetivos de emisiones entre 2030 y 2032, y una relajación específica para las furgonetas, cuyo objetivo de reducción de CO₂ en 2030 baja del 50% al 40%. Además, Bruselas ofrecerá “supercréditos” de CO₂ a los fabricantes que apuesten por pequeños coches eléctricos asequibles fabricados en la UE, una señal clara de que el problema del precio empieza a reconocerse a nivel político.

La lectura de esta decisión es diferente según preguntemos a un lado o al otro. Para los fabricantes tradicionales, la decisión supone un balón de oxígeno que permite replantear inversiones multimillonarias y mantener un enfoque multitecnológico, combinando eléctricos, híbridos enchufables y motores térmicos cada vez más eficientes. Para las organizaciones ecologistas y parte del ecosistema del vehículo eléctrico, en cambio, el riesgo es claro: introducir complejidad donde antes había una señal regulatoria nítida puede frenar inversiones y retrasar aún más a Europa frente a China en la carrera industrial de la electrificación.

Bruselas insiste en que este no es el final del camino. El paquete presentado es solo la primera fase del nuevo “plan de acción” para el automóvil, y en enero se anunciarán medidas adicionales, entre ellas posibles ajustes en el mecanismo de ajuste de carbono en frontera y nuevas exigencias de contenido local. El 2035 sigue en el horizonte, pero ya no es una línea roja tan recta como parecía hace apenas dos años.

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