El epicentro del presunto fraude masivo en la solicitud de ayudas del Plan PIVE se encuentra en Ciudad Real. La Guardia Civil ha detenido allí a 75 de las 78 personas implicadas en la trama durante la denominada ‘Operación Preveo’. Según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, las autoridades habrían conseguido pruebas incriminatorias de la relación de los detenidos con esta actividad delictiva.
Además de los detenidos en distintas localidades de Ciudad Real, la estafa masiva por las ayudas del Plan PIVE ha salpicado también a otras provincias como Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, La Carolina (Jaén), Rentería (Guipúzcoa), Guadalajara, Gálvez (Toledo) y Almería. En total existen ya 78 detenidos y 29 investigados.
Los delitos por los que se han detenido a estas personas son de diferente índole, aunque casi todos están relacionados con delitos de estafa y falsificación de documentos. Así, 44 personas, que obtuvieron ayudas públicas mediante este sistema, han sido detenidos por delitos de estafa; 11 están relacionados con la compraventa ilegal de vehículos a través de concesionarios y talleres; 20 son titulares, gerentes o trabajadores de gestorías a los que se les han imputado los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos.
Cómo se realizaba la estafa
Para realizar la estafa, el vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan PIVE, en el caso de que no dispusiera de ninguno. De esta forma, el comprador podría beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo. Los concesionarios enviaban a los compradores al desguace de La Solana para que compraran la documentación de un vehículo viejo por un precio de hasta 400 euros. Una vez se tenía toda la documentación, entraba en juego una gestoría encargada de falsificar las firmas de los contratos de compraventa y los documentos de transferencia para presentar las documentaciones completas ante la Jefatura Provincial de Tráfico y beneficiarse así del Plan PIVE.
Las investigaciones comenzaron en diciembre de 2015 tras la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes al que le seguían cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por un vehículo que ya había entregado para su baja definitiva. La Guardia Civil descubrió entonces la existencia de anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo y realizó una inspección al establecimiento. En el transcurso de esta inspección se descubrieron irregularidades y se intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados en este centro para su baja definitiva.
