Se acabó Madrid Central, al menos en términos judiciales. El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación de Ecologistas en Acción contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, promovido por el PP de Madrid, anulaba el pasado mes de julio algunas medidas por ‘defectos formales’ de la Ordenanza de Movilidad Sostenible llevada a cabo por el anterior Gobierno de Manuela Carmena.
Para los jueces del Supremo, que entienden que el asunto de las bajas emisiones en Madrid es un tema de «trascendencia social», justifican su decisión por el error en la presentación de la memoria económica del proyecto, lo que indudablemente lleva a la nulidad del mismo.
Desde Ecologistas en Acción lamentan profundamente la decisión del Supremo y afirman que «los 11,7 millones de euros que ha costado Madrid Central en estos siete de años de funcionamiento apenas tiene impacto en una partida presupuestaria anual que supera los 5.000 millones de euros». No obstante, a la organización verde aún le queda un último recurso, frente al Tribunal Constitucional, para evitar que Madrid Central caiga.
36 millones de euros en multas en el aire
En julio de 2020, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, aseguró que devolvería a todos los conductores el importe de las multas por acceso indebido. Esto es, 800.000 multas y una recaudación que asciende a 36 millones de euros.
Con la decisión del Supremo ya no existe un marco legal que justifique estas sanciones, por lo que podrán ser devueltas. Eso sí, tanto Madrid Central como las multas se mantendrán hasta que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo «sea firme», ha indicado Borja Carabante, responsable de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid a 20minutos.
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