Este pasado viernes ha sido aprobado en el Consejo de Ministros el rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje españolas que se encuentran en un estado de quiebra económica. Este hecho implica que se pueden romper los contratos con las empresas encargadas de su gestión y fijar una fecha para que la asuma el Ministerio de Fomento.
Rescisión de contratos
En concreto, las autopistas autorizadas a la anulación de sus contratos con sus compañías concesionarias han sido las radiales R-3 Madrid-Arganda, R-5 Madrid-Navalcarnero, R-4 Madrid-Ocaña, R-2 Madrid-Guadalajara; y las M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, AP-36 Ocaña-La Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante.
Toda vez se encuentren listos los informes de la Abogacía de Estado y del Consejo del Estado el Consejo de Ministros volverá a ratificar la resolución contractual. No obstante, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha instado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a que se determinen las fechas exactas en las que el Ministerio de Fomento se hará cargo de dichas vías.
Solo tres fechas
Tan solo tres de estas autopistas tienen una fecha definida para su rescate. Así las cosas, la R-4 será asumida por el Ministerio de Fomento este próximo miércoles 21 de febrero, mientras que el trayecto de la AP-7 comprendido entre Cartagena y La Vera y la Circunvalación de Alicante pasarán a estar gestionadas por el Miniserio de Fomento a partir del día 1 de abril de este año.
Se espera que las fechas del traspaso de la gestión de las demás vías sean determinadas entre lo que queda de este mes y el próximo. Por su parte, en relación a la otra autopista quebrada económicamente, la AP-41 Madrid-Toledo, todavía no se puede anular su contrato dado que esta vía todavía no ha alcanzado una fase de liquidación en el proceso de concurso de acreedores.
Un gran coste
En cuanto los contratos actuales hayan sido rescindidos habrá un plazo de seis meses para que Fomento calcule y pague a las empresas concesionarias de estas autopistas con motivo de las inversiones realizadas para su construcción. Se estima que el coste de la factura podría ascender hasta los 4.500 millones de euros, un importe que el Ministerio de Fomento ya ha reconocido que afectará al déficit público del presente año.
